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El futuro de los pueblos indígenas está amenazado
. Y lo está, entre otros factores, porque los Estados no reconocen su derecho a ser consultados o la necesidad de obtener su consentimiento, como establecen los estándares internacionales, cuando en sus territorios se abordan megaproyectos como infraestructuras, exploraciones petroleras, minería o grandes plantaciones de monocultivos.
Es una de las conclusiones que se extraen del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que acaba de clausurarse en Nueva York, un encuentro en el que también se puso de manifiesto que esa ausencia del reconocimiento a la consulta previa multiplica las amenazas de las industrias extractivas, la mercantilización del agua, los desplazamientos forzados por los megaproyectos o conflictos armados, y la extinción de las lenguas indígenas.
El Foro, que depende del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, alertó de esta situación y llamó a los países a armonizar sus leyes locales con las internacionales (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Ahora solo Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, reconocen en sus constituciones nacionales lo estipulado en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el resto de los países de la región temas como el derecho a la tierra, a los territorios y a los recursos naturales y al consentimiento libre, previo e informado aún no están aceptados.
La forma en que estos megaproyectos afectan a los pueblos indígenas, ninguneados y obviados cuando se trata de ‘progreso’, fue puesta de relieve por las asociaciones presentes en el Foro. El IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y el Plan Puebla-Panamá-Colombia (interconexión electrica), dos de los grandes proyectos gubernamentales público-privados señalados como ejemplos de esa falta de diálogo y de amenaza para los pueblos originarios y sus territorios.
Saul Vicente Vazques, indígena zapoteco, alertó sobre el impacto negativo de las industrias extractivas de minerales en América Latina sobre la vida de los pueblos indígenas. Las corporaciones, denunció, ejecutan proyectos que no tienen en cuenta los intereses de los pueblos originarios radicados en las tierras en que operan, mientras esos mismos indígenas sufren “la criminalización de la protesta social”, cuando exigen ser consultados.
Durante el Foro, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que agrupa a 390 pueblos indígenas, acusó a los nueve países de la que es la zona de mayor biodiversidad del planeta de atentar contra el futuro de los pueblos indígenas. Aquí se concentran los proyectos extractivos más grandes de América Latina, entre ellos los de hidrocarburos, hidroeléctricas, mineras, vías e hidrovías. No se consulta y se niega toda participación en la toma de decisiones.
Durante una reunión con el Relator Especial para los Pueblos Indígenas, James Anaya, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) explicaron como los territorios de México han sido escenario de grandes proyectos que sólo han ocasionado despojos y más pobreza para estos pueblos, es el caso de las regiones de mazateca y chinateca en Oaxaca o la destrucción que han dejado las grandes minas en territorios nahuas de Jalisco y Guerrero. En los últimos 100 años, comunidades enteras han desaparecido en nombre del “progreso”, afirma el documento entregado a Anaya, en el que la organización indígena pone de ejemplo las corporaciones mineras canadienses que han obtenido cientos de concesiones para la explotación de minerales sin el consentimiento de las comunidades indígenas dueñas del territorio. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y Veracruz se proyecta la construcción de nuevas represas que significaran la desaparición de comunidades enteras y en el Istmo de Tehuantepec las compañías españolas se han apoderado de más de 15.000 hectáreas de tierras para imponer un megaproyecto eólico.
La Red de Mujeres sobre Biodiversidad también advirtió que los megaproyectos, las actividades mineras y forestales, y los programas agrícolas siguen desplazando a los pueblos indígenas sin el libre consentimiento previo e informado.
Todos ellos instaron a los gobiernos y a los organismos internacionales a elaborar, en consulta y cooperación con los propios indígenas.
http://otramerica.com/radar/la-falta-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-amenaza-su-futuro/281n
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Perú: Amazónicos exigen “REDD+ Indígena” y rechazan falsas soluciones al cambio global. (Servindi, may11-AYI) Un importante reunión de organizaciones indígenas amazónicas exigió se debata e implemente “Redd+ Indígena”, como una propuesta para defender los bosques y territorios para la vida, pero respetando estrictamente los derechos de los pueblos indígenas contenidos en instrumentos internacionales.
El taller nacional “Crisis Climática, Redd+ y Redd Indígena” realizado en Iquitos del 25 al 29 de abril rechazó el programa “Redd+” o “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación” aprobado en la Cumbre de Cancún por que conduce a un escenario de falsas soluciones a la agresión climática global.
El evento fue organizado por la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Denuncian estafa a los matsés
El evento denunció a la empresa de Hong Kong SCRL (“Sustainable Carbon Resources Limited”), representada por el ciudadano australiano David John Nilsson que divide y presiona al pueblo Matsés para suscribir un contrato de negocios de carbono lesivos a sus intereses.
La empresa pretende controlar 420,000 hectáreas de bosques conservados por el pueblo Matsés mediante un contrato sin plazo de vencimiento, sujeto a las leyes y juzgados ingleses.
Señalan que este es un mal ejemplo de la “burbuja Redd” similar a cien proyectos de estafas en el mundo, como ocurre en Papúa, Indonesia, Congo, y otros lugares. Acciones similares se intenta hacer en Madre de Dios, Amazonas y San Martín, en el Perú.
Los promotores del Redd+ -Estado peruano, banca multilateral y las Naciones Unidas- tienen la obligación de detener esa “burbuja” que divide a los pueblos con “ilusiones millonarias inexistentes” y busca controlar el bosque y el carbono de los territorios indígenas, indican.
Redd + Indígena
Sobre “Redd+ Indígena” sostienen que se trata de una propuesta para ser debatida, profundizada y reajustada en las organizaciones regionales, locales y comunales que se propone impulsar la cooperación respetando los territorios, los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas.
En tal sentido, llaman postergar las firmas comunales de contratos “hasta que se aclare la reglamentación estatal e internacional sobre Redd para evitar las trampas y estafas a las comunidades.
Cuestionan el enfoque actual de Redd+ y proponen alternativas y condiciones como titular las comunidades pendientes de reconocimiento, demarcación y ampliación. También, establecer territorios colectivos ancestrales, además de las reservas comunales y reservas territoriales para los pueblos autónomos en aislamiento voluntario.
Proponen establecer las Mesas Indígenas de Redd+, basadas en las organizaciones indígenas locales, en cada región y a nivel nacional como interlocutoras directas con las autoridades y entidades nacionales e internacionales.
El comunicado refiere los catorce acuerdos suscritos entre AIDESEP y el Minam en las reuniones del 7, 9 y 10 de marzo de 2011, que debe ser respetado y cumplido por todas las instancias del Estado a nivel del nuevo gobierno nacional y gobiernos regionales y locales, así como por las entidades privadas.
Las propuestas anteriores y otras en la dirección de “Redd Indígena”, fueron recogidas en el Plan Preparatorio de Redd+ en Perú, y que fue aprobado por el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal en su asamblea del 23 y24 marzo del 2011.
Piden se cumpla el acuerdo entre la AIDESEP y el Ministerio del Ambiente (Minam) para la titulación territorial en Loreto con un millón de dólares, con aportes del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal y el Programa de Inversión Forestal, y continuar con con el saneamiento físico legal y consolidación territorial en las demás regiones amazónicas.
Otra de las exigencias es que se promulgue la ley de consulta previa aprobada por el Congreso Nacional el 19 de mayo de 2010 y se respete el consentimiento en la nueva ley forestal y la ley de servicios ambientales. Estas tres iniciativas legales “deben ser debatidas y aprobadas por el nuevo Congreso ya elegido” precisan.

Declaración de Iquitos: No hay Redd+ sin Territorios, Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas
Reunidos en Iquitos (Perú), del 25 al 29 de abril del 2011, durante el Taller Nacional “Crisis Climática, Redd+ y Redd Indígena” organizado por COICA y AIDESEP, las ocho organizaciones regionales, federaciones y comunidades representativas de los pueblos indígenas amazónicos, con la solidaridad de CONACAMI, manifestamos lo siguiente en relación a los procesos señalados, la situación nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades.
Denunciamos el peligro de catástrofe y destrucción de la cuenca amazónica, expresada en la irregularidad de las estaciones, las gigantescas inundaciones, sequías frecuentes, ríos desaparecidos, extinción de especies, desastres naturales, pérdidas agrícolas, aumento de enfermedades. No se trata solamente de un cambio climático natural, sino del calentamiento planetario producido el modelo de desarrollo que genera agresión climática global de los gases contaminantes de los países industrializados, y agravada por la deforestación, depredación y contaminación de las industrias extractivas locales, los monocultivos, plantaciones de biocombustibles, grandes hidroeléctricas, y prácticas inadecuadas de subsistencia.
Exigimos la reducción de los gases del calentamiento global, cambiando el modo de vida, del sistema económico y social dominante, de esa civilización del despilfarro en unos pocos países junto a la destrucción social y ambiental de la mayor parte del planeta. Se debe reconocer la deuda ecológica histórica de un puñado de países poderosos que usan en promedio mundial 3.8 hectáreas por habitante para el consumismo frente a las mayorías que sobreviven en la pobreza usando 1.4 Ha /Hab. A la vez reconocer el aporte de los pueblos indígenas a la humanidad de mantener vivo este planeta por miles de años y que se quiere destruir en el último siglo.
Rechazamos que en lugar de reconocer y pagar esa deuda ecológica histórica, el poder global mantenga la contaminación, deforestación y depredación, y pretenda encubrirlas a través del “mercado de carbono”, mediante contratos entre empresas que falsamente “compensarían” esos daños, con pagos a comunidades indígenas y locales para conservar bosques que limpien esa contaminación. Contratos donde se profundizaría la pérdida del control de nuestros territorios ancestrales, formas de vida y derechos y que se negociarían en las bolsas de valores con gigantescas ganancias. Es inaceptable arriesgar el suicidio de todas las formas de vida por insistir en más y más negocios.
Alertamos que el “Redd+” o “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación con manejo sostenible de recursos, aprobado en la Cumbre de Cancún del 2010 de la Convención del Clima (CMNUCC) puede ser conducido a ese escenario de falsas soluciones a la agresión climática global, que darán ganancias en juegos especulativos financieros, pero que no va impedir llegar al límite de más de tres grados de temperatura global donde los desastres climáticos y ambientales serán irreversibles. Alertar que incluso así se conserve la amazonía, no se detendrá la crisis climática global porque la contaminación continuará.
Denunciamos y rechazamos a la empresa de Hong Kong SCRL (“Sustainable Carbon Resources Limited”, representada por el ciudadano de Australia David John Nilsson) que está dividiendo y presionando al Pueblo Matsés del Perú, para que firme un contrato de negocios de carbono, en el cual nuestros hermanos que aportan 420,000 has. de bosques conservados, dan poder total a una empresa con apenas $ 10,000 que termina controlando el carbono, los bosques, la propiedad intelectual y las formas de vida de los Matsés, y que demuestra su mala fe, al obligar a firmar un contrato en inglés, sujeto a leyes y juzgados ingleses, sin plazo de vencimiento, y amenaza con juicios a quienes denuncian esta estafa. Exigimos la intervención del Ministerio Público y su expulsión del Perú de este empresario Nilsson. Esto es un mal ejemplo de la “burbuja Redd” similar a 100 proyectos de estafas en el mundo (Papúa, Indonesia, Congo, etc) y otros que se intentan hacer de mala fe en Madre de Dios, Amazonas, San Martin, entre otros, donde se atropella derechos de los pueblos indígenas, se busca controlar el bosque y carbono de los territorios indígenas, dividiendo a nuestros pueblos con ilusiones millonarias inexistentes; y los promotores del Redd+ (Estado peruano, Bancos multilaterales, ONU) tienen el deber de intervenir y detener esa “burbuja” y estafas como la señalada.
Respaldamos la iniciativa de la organización nacional indígena de la amazonía peruana, AIDESEP, de luchar por convertir la amenaza del Redd+ en una oportunidad para los pueblos y la humanidad, exigiendo un “Redd+ Indígena” que es su adecuación a las culturas, derechos y objetivos de los pueblos indígenas en cumplimiento del Convenio 169-OIT, la Declaración ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales que nos amparan. “Redd+ Indígena” como una propuesta para ser debatida, profundizada y reajustada en las organizaciones regionales, locales y comunales. El Redd Indígena defiende los bosques y territorios para la Vida; rechaza las estafas a nombre del mercado de carbono; impulsa la cooperación fuera de estas trampas y llama a evitarlas, postergando firmas comunales de contratos hasta que se aclare la reglamentación estatal e internacional sobre Redd+; cuestionando enfoques y proponiendo alternativas y condiciones para el caso del Perú como son entre otras:
■No hay Redd+ sin Territorios, Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas.
■Territorios: Titulación de 20 millones de Has. de territorios indígenas de miles de comunidades por reconocer, demarcar, ampliar; establecimiento de territorios colectivos ancestrales como pueblos; además de las Reservas Comunales y Reservas Territoriales (pueblos autónomos en aislamiento voluntario).
■Derechos: Promulgación de ley marco de consulta y consentimiento previo aprobada por el Congreso Nacional el 19.05.2010. Efectiva consulta y consentimiento de los pueblos indígenas sobre las nuevas leyes, forestal y de servicios ambientales, que impidan nuevos latifundios forestales, respeten territorios indígenas posesionados y que realmente promuevan el manejo forestal comunitario. Estas tres leyes deben ser debatidas y aprobadas por el nuevo Congreso ya elegido, y no por el actual, evitando que un partido político en minoría ínfima deje tres bombas de tiempo al nuevo gobierno.
■Autonomía: Establecimiento de las Mesas Indígenas de Redd+, basadas en las organizaciones indígenas locales, en cada región y a nivel nacional como interlocutoras directas con las autoridades y entidades nacionales e internacionales. No firmar ningún contrato Redd+ por ahora, y de ser el caso, deben garantizar el control territorial e intelectual indígena, el predominio del Convenio 169 y la DNUDPI por encima de cualquier cláusula de contrato, la firma de garantes como la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas.
■Cumplimiento del acuerdo entre AIDESEP y MINAM (Ministerio del Ambiente) de titulación territorial en Loreto con un millón de dólares, que incluye reconocimiento, georeferenciación, demarcación, linderamiento, titulación, ampliación, entre otros; con aporte de $200,000 del FCPF (Fondo Cooperativo del Carbono Forestal) y el saldo por el Proyecto en Perú del FIP (Programa de Inversión Forestal) de $50 millones. Esto no es para burocracia ni despilfarro, sino para soluciones concretas a las comunidades.
■Continuar con el saneamiento físico legal y consolidación territorial en las demás regiones amazónicas del Perú utilizando para este fin a los centenares de millones de dólares involucrados en proyectos ya existentes y en negociación, sobre cambio climático, bosques, Redd+ en Perú, con fondos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación internacional.
■Cumplimiento de los 14 acuerdos establecidos entre AIDESEP y el MINAM en las reuniones del 7,9 y 10 de marzo del 2011, que incluyen parte de las propuestas anteriores y otras en la dirección “Redd Indígena”, recogidos en el Plan Preparatorio de Redd+ en Perú (RPP) aprobado en la Asamblea del FCPF del 23-24 marzo del 2011, y en cumplimiento del “derecho indígena a elegir nuestras propias prioridades de desarrollo” (art.7º Convenio 169-OIT); y que sea respetado y cumplido en todas las instancias del Estado a nivel del nuevo gobierno nacional y gobiernos regionales y locales. Las organizaciones privadas también deben respetar estos acuerdos y derechos.
Saludamos la comprensión y solidaridad hacia las propuestas de los pueblos indígenas, mostrada por diversos expositores integrantes de instituciones y organizaciones científicas, de promoción, investigación, capacitación, a nivel nacional e internacional, y los llamamos a fortalecer el diálogo intercultural, la cooperación y acciones conjuntas, y la incidencia, para defender los Derechos de la Naturaleza y Madre Tierra y de los Pueblos, comunidades y ciudadanos del mundo, por la pervivencia de todas las formas de Vida, sin contaminación, depredación, explotación ni discriminación.
Iquitos, 27 de Abril del 2011.
-Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA.
-Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
-Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI
-Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO
-Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, CORPI
-Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, ORPIAN
-Organización Regional de AIDESEP Ucayali, ORAU
-Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC
-Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martin, CODEPISAM
-Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAD
-Consejo Machiguenga del Río Urubamba, COMARU
-Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO
-Federación Distrital Quechua del Pastaza, FEDIQUEP
-Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de la región San Martin, FEPIKRESAM
-Central Asháninka del Río Ene, CARE
-Consejo Indígena de la Zona Baja de la Madre de Dios, COINBAMAD
-Federación de la Cuenca del Curaray Arabela del Medio Napo, FECUNCUNA
-Federación de Comunidades Nativas Chayahuita, FECONACHA
-Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, OEPIAP
-Comunidad Callería, Pueblo Shipibo (Ucayali)
-Comunidad Candungos, Pueblo Wampis (Amazonas)
-Comunidad Yurilamas, Pueblo Kichwa (San Martin)
http://servindi.org/actualidad/44155?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
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La CIDH solicitó al Estado que proteja a los qom. (pàgina12-AYI) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado argentino a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad La Primavera e informe “las acciones adoptadas a fin de investigar” la represión ocurrida el 23 de noviembre, cuando la policía formoseña realizó un violento desalojo en el que fueron asesinados el policía Heber Falcón y el indígena Roberto López. Sin embargo, en la causa judicial abierta en Formosa los únicos imputados son integrantes de la comunidad indígena.
Mediante una resolución firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la comunidad y sus representantes.
Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad.
Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, quienes perdieron sus objetos personales y sus documentos.
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——————–: Hay que tener una ley Antiterrorista consecuente con un Estado democrático
-El presidente de la Corte Suprema se mostró crítico del juicio contra comuneros mapuche.
-Von Baer aseguró que el Gobierno “ha cumplido en un 100 por ciento con sus promesas”.
-Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, criticó la aplicación de la ley Antiterrorista contra los cuatro comuneros mapuche que cumplen 59 días de huelga de hambre, ya que no guarda relación con un Estado democrático.
“Nuestra posición en general es crítica respecto de que exista una ley Antiterrorista que en un Estado democrático debiera ser corregida, modificada y atenuada en sus efectos y asegurar el debido proceso, que todos los procesos sean de la misma manera para todos los justiciables”, expresó.
Según Juica, esto hace que sea la Corte Suprema la que tenga que resolver situaciones como el pedido de nulidad del juicio con los comuneros, ya que los cambios legislativos debiesen ser asumidos por el Congreso.
“Ese ya no es un problema de los jueces, es un problema político a través de modificaciones legales y nos preocupa que la radicalización de los asuntos finalmente rebota en problemas judiciales que deben ser resueltas por los jueces y eso crea un cierto grado de complejidad”, agregó.
Por su parte, la vocera de gobierno Ena von Baer llamó a los involucrados a deponer la huelga de hambre, ya que según sus palabras, “hemos cumplido en un 100 por ciento con todos los compromisos que asumió el Gobierno en su momento en la mesa de diálogo y el llamado que hacemos es que se deponga la huelga de hambre porque finalmente las propias personas que la están llevando se están generando un daño”.
Situación de comuneros.
Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros en huelga de hambre, se refirió al estado de su hermano Ramón Llanquileo y de Jonathan Huillical, este último debió ser trasladado al Hospital de Victoria por presentar problemas cardíacos.
“El estado de salud es bastante complicado, hoy día fue uno de ellos trasladado al Hospital de Victoria, Jonathan Huillical, con problemas cardíacos. En el caso de Ramón, está dentro de la cárcel, pero lo están monitoreando cada media hora (…) tenía algunas alteraciones que vio Gendarmería, ya que están bastante delgados y presentan problemas”, expresó.
Los cuatro comuneros mapuche fueron visitados en Angol por los senadores PPD Jaime Quintana y Guido Girardi, quienes abogaron por la realización de un juicio justo.
“Creo que ellos como ciudadanos de este país merecen un juicio justo, no es posible este doble estándar donde ellos, a pesar de no haber hechos de sangre, tengan condenas de 25 años y quienes mataron a Mendoza Collío ni siquiera tengan tres años de pena remitida”, señaló el presidente del Senado chileno.
http://www.cooperativa.cl/juica-hay-que-tener-una-ley-antiterrorista-consecuente-con-un-estado-democratico/prontus_nots/2011-05-12/141911.html
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Fui víctima de bullying en Twitter. (pedro cayuqueo-azkintuwe-AYI)Como Ricky Martín al salir del closet. O el propio Edmundo hace solo un par de semanas. Fue a propósito de la polémica votación del proyecto Hidroaysen. Bastó que manifestara un par de reflexiones sobre “Patagonia Sin Represas” para que explotara mi TL y apareciera lo mejor del repertorio anti-mapuche chilensis. “Aborigen resentido”, “indio aliado de Hidroaysen”, “ahijado de Alinco y la CSM”, fueron algunas de las perlas. ¿Qué escribí para merecer 140 caracteres de tamaño escarnio público? Que la oposición a Hidroaysen me merecía, cuando menos, un par de comentarios políticamente incorrectos.

Señalé, por un lado, el dudoso perfil “ecologista” de algunos ilustres miembros de dicha coalición ciudadana y, por otro, la gran cantidad de dólares dando vueltas en una campaña insólitamente multimillonaria (así lo prueban sus numerosos registros documentales, las inserciones a todo color en prensa, las gigantografías en terminales aéreos nacionales y extranjeros y, sobre todo, el propio reconocimiento de sus portavoces de haber gastado en “publicidad” la friolera de ¡un millón de dólares!). Sobre esto último, reconozco que puede tratarse de simple y bendita envidia. Ya quisiéramos los mapuches tamaña capacidad logística para nuestros oscuros y siniestros propósitos políticos. Hoy por hoy, salvar la vida de cuatro dirigentes encarcelados y en huelga de hambre, el más urgente y apremiante de todos. Para los interesados, sepan que acaban de cumplir 60 días en ayuno. Y han perdido, informan sus familiares, unos 22 kilos en promedio.
Volviendo al tema que nos convoca, reconozco que lo de las platas pueda tratarse de envidia. Pero sobre el dudoso perfil de algunos ilustres vinculados a “Patagonia sin Represas”, créanme que hablo con bastante conocimiento de causa. Conocí un par de ellos en la emblemática oposición a la Central Ralco a mediados de los años 90’. No los nombraré, pero si leen esta columna se reconocerán y sospecho que de inmediato. Por semanas compartí con ellos en el Alto Biobio, territorio hasta donde arribaban, de preferencia los fines de semana, con sus modernas 4×4, sus tenidas Gore-tex y un discurso “ecologista profundo” que a las familias pewenche sonaba tan extraño como el Arameo Nestoriano. Eran fácilmente identificables allí a la sombra del emblemático Volcán Callaqui, en tierras de la Comunidad Quepuca Ralco; en su mayoría rubios, de apellidos vinosos, oriundos del barrio alto capitalino, ex alumnos de la Pontificia y del Verbo Divino y fanáticos como pocos de los deportes extremos. Furibundos opositores a los planes de Endesa-España, criticaban por igual a la empresa como a las familias locales que aceptaban –casi siempre a regañadientes- dar finalmente su consentimiento al polémico megaproyecto apadrinado por Frei.
Nunca supe qué les interesaba defender más; si las aguas del Bíobío o los derechos territoriales y culturales de los mapuche-pewenche. Nunca supe qué les molestaba más; si la violación flagrante de estos derechos perpetrada por la Concertación o despedirse y para siempre de sus excitantes bajadas en rafting. De haber llegado a expulsar a Endesa, de seguro, habrían continuado con los pewenche, bastante poco dados estos últimos al ecologismo profundo o al conservacionismo. No lograron ni lo uno ni lo otro, por suerte. Apenas las cosas se pusieron negras (es decir, hizo su aparición la fuerza pública con su habitual delicadeza interétnica), abandonaron el barco. Nunca más supe de ellos. Mientras los porfiados mapuches seguíamos insistiendo con detener los planes de Endesa en la montaña, envalentonados por el coraje de dos ancianas dignas y maravillosas, los imaginé masticando la rabia en algún rápido de Canadá o bien Australia. Nunca sospeché que habían emigrado con sus kayak y petacas a la Patagonia. Lo averigüe recién cuando, hojeando un empastado y carísimo libro de “Patagonia sin Represas”, di con sus nombres y reseñas en los créditos.
Tal fue el comentario que desató la histeria de muchos en Twitter. Que me perdonen los reales opositores ayseninos al megaproyecto –del cual siempre he sido y públicamente declarado opositor- pero hay cosas en esta historia que deben ser dichas en esta tribuna. Un cementerio pewenche yace bajo 70 metros de agua en el embalse artificial de la represa Ralco de Endesa y de los “ilustres” ambientalistas opositores a Hidroaysen, no he escuchado hasta la fecha ni pío. Media docena de proyectos hidroeléctricos amenazan desde hace una década a comunidades de Coñaripe, Liquiñe y Panguipulli, y de parte de los “ilustres” opositores a Hidroaysen, hasta la fecha sacramental silencio de grillos. Llegado a este punto uno se pregunta y créanme que con bastante razón; ¿A qué se oponen cuando se oponen a Hidroaysen? ¿A qué se oponían cuando se oponían a Ralco? ¿A un modelo económico depredador del medioambiente y violentador de ciudadanías, pueblos y culturas? ¿O bien a que una multinacional no les atropelle su inalienable y exclusivo derecho al ocio?
Puestas así las cosas, uno puede llegar hasta comprender a ratos el discurso PROrepresas del diputado René Alinco. Y es que el californiano parlamentario de Aysén tan perdido no anda cuando denuncia, y con ventilador, a los que gusta llamar “ecologistas de postal”. Créanme que los hay. Y más de uno dando vuelta en causas tan justas y necesarias como aquella que ocupa la atención de todos por estos días. Guste o no, acontece en “Patagonia sin Represas”. Y también en muchos otros grupos que confunden sus parques de diversiones con el Medioambiente.
* Publicado originalmente en The Clinic, Edición del 12 de Mayo de 2011 /- http://www.theclinic.cl
http://www.azkintuwe.org/20110512_006.htm    
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Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena. (el ciudadano-AYI) Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio Upov 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa.
Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
INDIGNACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.
Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.
Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur.
Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la Cloc, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”
LOS AMIGOS DE MONSANTO.
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule), y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ‘78 y no al ‘91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.
El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV Y LOBBY EMPRESARIAL.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El Gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.
http://www.elciudadano.cl/2011/05/12/senado-vendio-a-monsanto-la-semilla-campesina-e-indigena/
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NUEVA YORK: Informe por José Carlos Morales Morales, Presidente-Relator del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Décima Sesión del Foro Permanente sobre los Asuntos Indígenas. Agenda Item 4- Derechos Humanos  
Fuente: CICI-K
Señora Presidenta del Foro Permanente
Señores miembros del Foro Permanente
Distinguidos representantes de los Gobiernos
Distinguidos Representantes de las Organizaciones Indígenas
Señoras y señores
Muchas gracias Presidenta, por esta oportunidad de dirigirme a este Foro, permítame primero felicitarla por su elección como presidenta del Foro Permanente
I El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
El Mecanismo es un espacio de gran importancia para los pueblos indígenas y sus derechos, ya que tiene por mandato asesorar a través de estudios e investigación y propuestas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, al principal órgano de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos- el Consejo de Derechos Humanos- que a su vez reporta sus decisiones directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, entre otros objetivos el Mecanismo de Expertos puede contribuir a un mejor entendimiento de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y cómo puede ser implementado, por ejemplo, en relación al derecho de los pueblos indígenas a la educación y a participar en la toma de decisiones que los afecten.
La cuarta sesión del Mecanismo de Expertos que tendrá lugar del 11-15 de Julio del 2011 en Ginebra.
Y como un foro específico para discutir los derechos de los pueblos indígenas, es abierto a todos, incluyendo organizaciones sin estatus consultivo del ECOSOC.
El en Mecanismo de Expertos, el Foro Permanente sobre los Asuntos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de forma coordinada participan en las sesiones anuales haciendo sustantivas contribuciones cada uno de estos órganos en nuestro trabajo, así como en reuniones de coordinación. El Mecanismo de Expertos, ha buscado desarrollar una estrecha relación de trabajo con otros mecanismos a nivel universal o regional que ven los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo órganos de tratados, así como, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones y Comunidades Indígenas de Africa. El Mecanismo de Expertos también coopera con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras Agencias de las Naciones Unidas, tal como atendiendo la reunión anual del Grupo de apoyo Interagencial de la ONU, y está comprometido con la Alianza Naciones Unidas por los Pueblos Indígenas, UNIPP, proveyendo recomendaciones para ser consideradas en la poltica por la Junta de esta Alianza.
Es escencial que los Estados, los Pueblos Indígenas y otros actores se involucren en el trabajo del Mecanismo de Expertos al ser este considerado como muy importante para los pueblos indígenas
II Trabajo emprendido por el Mecanismo de Expertos
Un significativo número de Estados, pueblos indígenas, y otras organizaciones e instituciones, incluido El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y representantes del Foro Permanente, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, El Grupo de Trabajo Africano sobre Poblaciones y Comunidades Indígenas, han participado constructivamente en las sesiones del Mecanismo de Expertos. Usualmente se incluyen los informes presentados por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos así como del Presidente del Consejo de Derechos Humanos.
El Mecanismo de Expertos finalizó en el 2009, el Estudio sobre las lecciones aprendidas y los retos para el futuro sobre el derecho de los Pueblos Indígenas a la Educación, incluido la Opinión No 1 del Mecanismo de Expertos. El Consejo de Derechos Humanos en su resolución #12/13 estimula fuertemente a los Estados a diseminar ampliamente este informe y ha ser tomado en cuenta cuando se elaboran los planes y estrategias de educación a nivel nacional.
El Mecanismo de Expertos está finalizando en estos últimos dos años el Estudio sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en la Toma de Decisiones . El informe preliminar sobre el estudio fue muy bien aceptado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 15/7 y le fue solicitado al Mecanismo de Expertos continuar el Estudio reflejando ejemplos de buenas prácticas a diferentes niveles sobre la toma de decisiones. El informe preliminar examinó en el marco internacional de los derechos humanos los derechos relativos a los pueblos indígenas, los procesos e instituciones internos o propios de tomas de decisiones, la participación en los mecanismos de toma de decisiones ligados tanto a las instituciones del Estado como no oficiales y los procesos que afectan a los pueblos indígenas. El estudio final incluye una selección de ejemplos de participación de los pueblos indígenas tanto en sus propios procesos como otros, así, como dentro de las instituciones estatales alrededor del mundo. Los participantes a la Cuarta sesión del Mecanismo de Expertos, tendrán la oportunidad de revisar el Informe Preliminar así como el borrador del Informe Final antes de someterlo al Consejo de Derechos Humanos en Setiembre del 2011
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es usado como marco de trabajo por el Mecanismo de Expertos, tal como es el criterio de selección de ejemplos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, la propuesta de temas puntuales o específicos para la agenda anual. El Mecanismo de Expertos también informa sobre la propuesta de los futuros estudios basados en la Declaración al Consejo de Derechos Humanos.
El Mecanismo de Expertos trata de fomentar la aplicación e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas en las propuestas anuales al Consejo de Derechos Humanos, tales como: las recomendaciones que el Consejo propone a los Estados para asegurar que tengan instituciones nacionales fuertes de protección de derechos humanos; el Consejo ha incluido un panel en sus sesiones anuales sobre los derechos de los pueblos indígenas; El Consejo ha expandido el mandato del Fondo Voluntario de Poblaciones Indígenas a solicitud del Mecanismo.
Los miembros del Mecanismo de Expertos han tenido la oportunidad de participar en reuniones en las diferentes regiones del Mundo, en ocasiones, conjuntamente con representantes del Foro Permanente y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
III. Invitación a promover el trabajo y las sesiones del Mecanismo de Expertos
En nombre de mis colegas, deseo dar las gracias al Foro Permanente por los esfuerzos de promover el trabajo del Mecanismo de Expertos y apreciamos también la colaboración y diseminación de la información sobre nuestro mandato y existencia.
Señora Presidenta
Las contribuciones del Foro Permanente, sometidas en forma escrita, la participación en las sesiones anuales del Mecanismo de Expertos así como el seguimiento a los Estudios y Asesoría refuerzan la cooperación entre nuestros mecanismos y nuestro avance en el objetivo común de promover el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas. El Mecanismo de Expertos también da una calurosa bienvenida a los esfuerzos futuros para trabajar conjuntamente sobre temas similares a nivel regional, particularmente ayudando a los pueblos indígenas en su trabajo conjunto con los Estados
Muchas gracias.
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PANAMA: El rio Changuinola agoniza!!!…

Fuente: Eliseo Vargas [ thenatureboy507@yahoo.com ]
Desde ayer lunes 23 del presente la transnacional AES que construye el proyecto de hidromuerte (Chan75) está haciendo las pruebas de cierre de las compuertas de la presa de ese proyecto, por lo que el rio Changuinola ha bajado su cauce natural hasta ayer en un 60%.
Esto ha alarmado en gran manera a la población bocatoreña quienes apenas han comprendido que los efectos destructivos e irreversibles que comprende la construcción de un proyecto de esta desnaturalización significa un gran y negativo cambio con efectos colaterales que implica que ya jamás este paisajístico, bello y caudaloso rio volverá a ser el mismo. Lo poco que queda del rio Changuinola, está contaminado con grasa o aceite y en sus pocas aguas está arrastrando un 95% de sedimentos producto de la remoción de cientos de toneladas de tierras, pereciera estarnos suplicando que lo ayudemos en su agonía, es un escenario para nada alentador!!!.
El sistema politiquero y capitalista pretende confundirnos con el ambiguo argumento que el objetivo de ese proyecto de hidromuerte es proveer a la región y al país “una fuente de energía limpia y renovable”. En ese sentido tenemos que aclarar que ni es energía limpia, ni mucho menos renovable.
“Energía limpia”???.
Está demostrado a través de diversos estudios científicos alrededor del planeta que el desecho producto de la descomposición orgánica estancado en los embalses produce tanto o igual liberación de materia contaminante que se diluye en el oxigeno que respiramos y que al igual que el cianuro u otro contaminante sus efectos en los seres vivos son dañinos e irreversibles. Además, las aguas embalsadas y estancadas en un mismo lugar por mucho tiempo, produce tanto o igual calor de efecto invernadero que los que producen las grandes industrias en Asia, Europa o Estados Unidos impactando directa y negativamente nuestro ya muy maltratado planeta contribuyendo de esta manera directamente con el cambio climático o calentamiento global.
“Energía renovable”???.
Asesinar una de las principales fuentes hídricas de nuestro territorio construyéndole una presa para luego trasladar sus aguas putrefacta y desoxigenada hasta una casa de maquinas en donde a través de grandes, aceitosas y ruidosas turbinas revuelvan el vital liquido para generar energía “hidro” es realmente “renovable”???, en donde nuestra belleza escénica de nuestro territorio, nuestra rica flora y fauna, nuestra forma de vida ORIGINARIA, nuestras cultura y nuestras propias formas de vida jamás volverán a ser como antes, realmente es “renovable”???, las aguas y toda la rica diversidad biológica de nuestro ecosistema acuático, peces diadromos, camarones y toda clase de vida acuática existente volverán a ser los mismos???. Evidentemente NO.
En panamá a nivel nacional o a nivel de país, NO existe déficit energético eso es una falacia inventada por los politiqueros y orquestada financieramente por los grandes poderes económicos (las transnacionales). Estudios técnicos y científicos realizados sobre este importante tema demuestran de manera muy clara que panamá cuenta con la suficiente energía eléctrica para proyectar su desarrollo y crecimiento como país, dicho de otra manera, panamá cuenta con la suficiente energía eléctrica para abastecerse por los próximos 20 años.
NO existen tales necesidades en el país, lo que pretende hacernos creer este sistema politiquero y capitalista es que es necesario pero la realidad es que están especulando con nuestra herencia ancestral y la están entregando en manos de transnacionales, es por ello que ya le ha entregado en manos de AES a nuestro rio Changuinola y a EPM una comarquita dentro de nuestro territorio ORIGINARIO Naso.
Eliseo Vargas
Territorio ORIGINARIO Naso
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PANAMA: Inundación y desesperación
Fuente:  laprensadc@aol.com /Por: BETTY BRANNAN JAÉN
WASHINGTON, D.C. –
Es un cuento clásico de David contra Goliat. La comunidad Ngäbe es pobre y vulnerable. Su adversario, la empresa AES, es una de las más ricas y poderosas del planeta, con ingresos anuales de 14 mil millones de dólares. La vida de un Ngäbe es sencilla, pero dura; frecuentemente implica vivir en condiciones escuálidas y pasar hambre. La vida de un dirigente de AES, por contraste, es una de lujos extraordinarios. Roger Sant, el cofundador de AES, tiene una fortuna estimada en mil 700 millones de dólares. Sant donó una sala oceánica al Smithsonian que costó 15 millones de dólares y también regaló 800 mil dólares para que el zoológico de Washington adquiriera dos pandas de China.
En esta batalla tan desigual, David está perdiendo y a punto de ahogarse. Es que cuando hay conflicto entre derechos indígenas y dinero, el dinero siempre gana, me comentó un norteamericano años atrás. Quise pensar que no sería cierto en el caso de las hidroeléctricas en Panamá, pero los hechos han destruido esa ilusión. Desde Bocas del Toro, en los últimos días, me han estado llegando correos y llamadas avisando de la inundación del embalse de Chan 75 (también conocido como Chan 1), sin siquiera esperar que los moradores del área terminen de evacuarlo. Incluso me dicen que empleados de una entidad creada por AES han llegado con motosierras a tumbar casas, tengan residentes o no. “Sencillamente le cortan las patas a la casa y la derriban”, dijo una fuente. Un Ngäbe, Luis Ábrego, me habló de casas quemadas con gente adentro, incluso niños. Normalmente, me dicen, los residentes de la casa logran salir a tiempo, pero pierden todas sus pertenencias y quedan traumatizados, como es de esperarse.
“El agua está subiendo, y los Ngäbes han caído en desesperación”, me indicó un experto panameño en temas indígenas. Según él, AES ha cerrado las compuertas de la represa, pero insiste en que solo se trata de una prueba. Este calificó de “irresponsable” e “increíble” la acción de AES. “Es sencillamente inaceptable que las autoridades panameñas permitan la inundación de esta área sin asegurar que todas las familias Ngäbes han sido trasladadas a un lugar seguro”, sentenció un comunicado de Amnistía Internacional.
Algunos me dirán que los indígenas que todavía están el área son los que han querido quedarse, obstinadamente, por encima de todo intento de sacarlos a las buenas. Responderé que la información que tengo es que jamás se negoció de buena fe con los Ngäbe y que totalmente se les violó su derecho de ser consultados antes del proyecto, obtener su consentimiento previo, y fijar compensación justa. Estos derechos son protegidos –sobre el papel– por varias convenciones internacionales.
El viernes en la tarde hablé por teléfono con el indígena Bernadino Morales, quien me dijo que su finca ya está bajo agua y que la empresa rehúsa negociar con él. Morales y Ábrego me hablaron de cultivos perdidos, de casas amenazadas por el agua que sube, y de animales muertos por toda el área (perros, pollos, ganado). El abogado de Morales plantea que AES no negocia con él, porque quiere que su caso dé esta lección a otros indígenas afectados por proyectos futuros: Quien no acepte rápidamente la postura de la empresa se quedará sin nada. “Los compañeros están indefensos”, puntualizó Ábrego.
Pero, también, hablé por vía electrónica con otro Morales –Lars Morales–, un panameño que vive en Estados Unidos y que está preocupado por la situación de los Ngäbe. Este le ha escrito al congresista Jared Polis (demócrata de Colorado). “Lo instamos a que bloquee el acuerdo de libre comercio con Panamá hasta que el gobierno corrupto [y] rabi-blanco de Martinelli acepte cumplir con las reglas internacionales y respetar los derechos humanos”, le escribió Morales a Polis.
Interesante táctica. Veremos si rinde fruto.
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COMUNICADO DE PRENSA
PANAMA: Organizaciones Ambientalistas y de Derechos Humanos condenan suspensión de diálogo sobre el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco en el río Tabasará
Fuente: Radio Tambor
Panamá, 25 de Mayo de 2011.
Como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa del ambiente y de las instituciones democráticas queremos expresar nuestra mayor preocupación y nuestra profunda consternación por el colapso del diálogo entre el Movimiento 10 de Abril por la Defensa del Río Tabasará y el Gobierno Nacional con relación a la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el occidente del país. En nuestra opinión, esta situación de conflicto se ha agravado con la ocupación de la servidumbre pública de la Carretera Interamericana por parte de unidades de la Fuerza Pública, lo que desdice de las intenciones del Gobierno en cuanto a llegar a una resolución pacífica del conflicto.
Es injustificable el desconocimiento del compromiso adquirido por el Vice-Ministro Luis Ernesto Carles el día 6 de mayo de solicitar a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la suspensión provisional e inmediata de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que se hubiesen podido realizar los estudios necesarios. Esto ha ocurrido a pesar de que dirigentes del Movimiento 10 de Abril han presentado denuncia formal ante la
Administración Regional de ANAM de la provincia de Chiriquí por el inicio de la construcción del proyecto amparado en un Estudio de Impacto Ambiental vencido, de acuerdo al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
La persistencia del conflicto del Tabasará representa un fracaso de nuestra sociedad por resolver conflictos de manera pacífica y garantizar la seguridad jurídica para todos los panameños. Resulta vergonzoso que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco subsista a pesar de una larga controversia entre el Gobierno Nacional y los pobladores Ngobe y campesinos del Río Tabasará, quienes defienden las aguas de este imponente río frente a la generación de energía hidroeléctrica, cuya pésima planificación ha causado tantos daños a los ríos panameños.
Durante más de una década, esta lucha ha provocado movilizaciones, acciones de protesta, pronunciamientos públicos e incluso enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y los afectados.
Lamentamos que por tantos años no se haya favorecido el diálogo y el imperio de la ley. Condenamos en especial los esfuerzos por debilitar la protección de los derechos indígenas mediante la Ley 15 de 7 de febrero de 2001 y la Ley 18 de 24 de enero de 2003. Los artículos de la Ley General de Ambiente derogados de manera subrepticia por la Asamblea Nacional a través de un camarón legislativo en la Ley 18, que creaba los corregimientos de La Pitaloza y San José, en las provincias de Herrera y Veraguas, habían sido instrumentales en la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Tabasará II, otro proyecto a desarrollarse en el mismo río, por parte de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000.
Consideramos fundamental, en este punto, que como sociedad aprendamos de los errores cometidos, ya que la falta de diálogo y la alteración inconsulta del orden jurídico solo contribuyen a la disrupción de la paz social y a la vulneración de los derechos ciudadanos. Así nos los advierten los recientes acontecimientos ocurridos en el Distrito de San Félix, hechos que deseamos no se repitan. Por esta razón, exhortamos al Gobierno Nacional a que reexamine su posición y a que honre los compromisos adquiridos el día 6 de mayo. Confiamos en que la razón y la buena fe prevalecerán y que llevarán a restablecer la mesa de diálogo suspendida de manera intempestiva por el Gobierno Nacional desde hace más de una semana.
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Asociación Ecologista Panameña (ASEP)
Asociación de Derecho Ambiental (ADA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)
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PERÚ: LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EDUCACIÓN
Fuente:CICI-K/ Prensa Indígena
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Educación, tendrá lugar del 14 al 18 de Agosto próximos en la capital Inca, la mítica ciudad de Cusco.
Durante 24 años y 9 conferencias, WIPCE ha congregado a más de 60 naciones y tribus para celebrar, promover la preservación de las culturas nativas y, sobretodo, proveer un espacio donde compartir los mejores proyectos educativos del mundo Indígena.
Por primera vez en Latinoamérica, WIPCE PERÚ 2011 tiene como objetivo máximo la puesta en marcha del Proyecto de Intervención integral para el Desarrollo Social y Económico de los Quechuas en la Región de Cusco, beneficiando a 1440 hermanos y hermanas Indígenas con el Evento. Por lo cual, adjunto Presentación de la Conferencia, Programa de la misma, Resumen Ejecutivo del Proyecto, así como Aviso publicitario del Congreso.
La Conferencia, que coincide con la Celebración de los 100 Años del Descubrimiento de Machu Picchu y de los 100 Años del Nacimiento de José María Arguedas, ofrece múltiples beneficios al proveer una audiencia de más de 1000 personas para exponer proyectos educativos exitosos, presentar manifestaciones artísticas y culturales, e intercambiar experiencias con académicos y líderes Indígenas del mundo entero.
Segura del interés que WIPCE PERÚ tiene para su organización, así como para muchas otras dentro de su red, me permito solicitarle se sirva difundir esta información.
Si requiere información adicional, sírvase contactarme a los teléfonos + 511 475 1536 – 593 5440 – 593 5441 Anexos 217 ó 218, móvil +51 986 646 998, correo electrónico emilie@wipce2011.net , MSN emilie@wipce2011.net  o Skype emiliewipce2011.
Agradezco la atención que estoy segura dará a la presente, y quedo a la espera de recibir sus primeras impresiones.
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BOLIVIA: Indígenas presentan en las Naciones Unidas casos de impactos en los derechos humanos por proyectos de la petrolera Total y mina en Corocoro
Fuente: AINI Agencia/redaccion@aininoticias.org
Rafael Quispe y Nelly Romero durante la presentación del estudio de impactos de la industria extractiva en los derecho humanos de los PPII
(AINI, Nueva York) Los pueblos indígenas de Bolivia reunidos en el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq( y en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentaron dos informes de Evaluación de los Impactos en los Derechos Humanos afectados por las empresas mineras y petroleras.
Nelly Romero, Vicepresidenta de CIDOB señaló que aún persiste el abuso en las comunidades guaranís del Chaco, presentó el caso de Muyupamapa donde la exploración petrolera realizada por la empresa Total E&P detonó 6.514 pozos e instaló 118 helipuertos y campamentos afectando un área considerable de las tierras comunitarias que no recibieron una justa compensación.
Por su parte, Rafael Quispe del CONAMAQ explicó que en el caso de la mina en Corocoro a 120 Km de La Paz, la empresa surcoreana KORES no realizó el Estudio de Impacto Ambiental requerido por ley; el estado Boliviano no realizó la consulta con el pueblo indígena y se han perdido importantes áreas de pastoreo y se ha afectado la disponibilidad de agua.
Ambas autoridades indígenas reafirmaron la necesidad que el Estado exija a las empresas el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades afectadas e hicieron un llamado para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe, en el próximo mes de junio, las políticas sobre Negocios y Derechos Humanos
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ECUADOR: Análisis de proyecto de Ley Orgánica de los Sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria
Fuente: COMUNICACIÓN CONAIE/ comunicacion@conaie.org
Luego de la acogida a la primera reunión para analizar el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los Sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, este 24 de mayo, las más de 40 personas que acudieron al Palacio Legislativo resolvieron reunirse el próximo 7 de junio para continuar con el analisis del proyecto de ley que tiene por objetivo, fijar los límites entre estos dos sistemas, así como la coordinación y cooperación entre los órganos de la Función Judicial y las funciones jurisdiccionales de las autoridades de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Según el texto borrador del cuerpo legal, trabajado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se entiende por sistemas de justicia indígena a la diversidad de procedimientos y normas que cada comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena aplique a sus miembros para resolver sus conflictos.
La presidenta del organismo legislativo, María Paula Romo, señaló que no será la única reunión de trabajo en la que se debate este proyecto, y que deben seguir un procedimiento de consulta prelegislativa, que hasta el momento no está normado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al sostener que conviene escribir claramente las reglas sobre esta temática, ya que las autoridades de la justicia ordinaria pueden con arbitrariedad, como lo han hecho, intervenir o interceder en hechos que no les correspondería, según el mandato de la Constitución.
Al debatir sobre el objeto de la ley, Jacqueline Coronel, de la Red de Defensores Indígenas manifestó que la normativa no puede fijar límites entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria, pues los límites se hallan establecidos en la Constitución y lo único que haría este proyecto es limitar el ejercicio de los derechos colectivos en materia de justicia indígena, además que este cuerpo legal tiene un solo enfoque jurídico y no es culturalmente pertinente porque no reconoce los diversos sistemas de justicia indígena que hay en el país, tomando en cuenta que hay diversas nacionalidades, pueblos y comunidades.
De su lado, el asambleísta Gerónimo Yantalema, al sostener que la coordinación y cooperación deben primar en este proyecto, expresó que no se deben fijar límites en el ejercicio de la jurisdicción y competencia entre los sistemas de la justicia indígena y ordinaria.
Entre tanto, Luis Contento, de Ecuarunari, precisó que como organizaciones indígenas están interesados porque la Constitución se cumpla, por lo que creen que no es necesaria una ley que lo único que hará es coartar derechos, pues están claros de que por historia las comunidades han venido administrando justicia pero, lamentablemente, algunos medios de comunicación han satanizado estas actividades pretendiendo confundir este procedimiento con ajusticiamiento.
María Paula Romo añadió que en la comisión los asambleístas debatieron ampliamente que la inexistencia de un mecanismo que resuelva el conflicto restringiría derechos, ya que cada autoridad termina definiendo en qué caso se aplica o no la ley o creando fiscalías especiales. En este marco, dijo que la ley debe ser lo menos invasiva y garantizar con gran amplitud los derechos constitucionales.
En esta reunión estuvieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Red de Defensores de Indígenas, Red de Jóvenes, de la Flacso, consultor de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos, de la Universidad SEK, del pueblo Chiboleo, de las Fiscalías Indígenas, de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, de organizaciones Interculturales, de los derechos indígenas del pueblo Saraguro, Ecuarunari, así como asambleístas y ciudadanía interesada en esta temática.
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Be ai
Dad Neba
Telef.Movil: (507) 67 28 2009 /
E-mail: kirdadneba@yahoo.com / dadneba59@hotmail.com
Skype:kaburdule
Escuche todos los domingos el Programa Radial “Senderos de la Biodiversidad”, coordinado bajo la dirección de 4 organizaciones indígenas en Panamá, por Radio Mía. 96.7 F .M.
Por Internet:  www.justin.tv/radiomia  – Horario: 9:00 A.M a 10:00 A.M.(hora de Panamá)
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INDEPA no abolirá la reserva indígena Murunahua. (terra-AYI) El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) desmintió que haya decidido abolir la reserva Murunahua, en el departamento de Ucayali, habitada por nativos en aislamiento, como informó hoy la ONG Survival International.
Américo Baca, antropólogo del Indepa, dijo que dicha versión es falsa y contradice la labor que se despliega desde la institución y el Gobierno peruano para proteger a estas poblaciones no contactadas.
Según remarcó, actualmente se trabaja en la adecuación del marco legal, a fin de incrementar los niveles de protección y en ningún momento se pensó en retirar la condición de reserva a Murunahua, que limita con Brasil.
“Eso es prácticamente imposible pues las reservas son creadas por ley. No sabemos de dónde pueden haber sacado tal información, la desmentimos categóricamente pues no se ajusta a la verdad”, declaró a la Agencia Andina.
Dijo que si bien hay un problema por la presencia de taladores ilegales, este tema no es desatendido, pues el objetivo es que las poblaciones no contactadas no resulten vulneradas.
Refirió, además, que hay murunahuas que se encuentran ahora en situación de contacto inicial y por ellos se sabe que existen muchos en situación de aislamiento voluntario.
Según Survival International, “Indepa planea abolir la reserva Murunahua por completo, ya que no cree que haya pueblos indígenas aislados viviendo allí”.
Baca recordó que no es la primera vez que dicha organización publica informaciones sin sustento técnico respecto a la población indígena en aislamiento, y que en reiteradas ocasiones le solicitaron pruebas pero estas nunca llegaron.
La reserva de Murunahua tiene una extensión 481 mil hectáreas y fue reconocida como tal en 1997.
http://noticias.terra.com.pe/nacional/indepa-no-abolira-la-reserva-indigena-murunahua,25527347f6c40310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
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Cumbre forestal despega con reclamos indígenas. (Arsène Séverin-ips-AYI) BRAZZAVILLE, 31 may (IPS) – Gobernantes de los países con las mayores selvas tropicales del mundo, la Amazonia, el Congo y Borneo-Mekong, están reunidos desde este martes en la capital de la República del Congo buscando un acuerdo sobre el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, pero activistas temen que se ignore a las comunidades locales.
El anfitrión del encuentro, presidente congoleño Denis Sassou Nguesso, dijo que la cumbre constituye un “paso decisivo” final antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en 2012 en Río de Janeiro.
Según sus organizadores, la cumbre de Brazzaville, que durará una semana, también permitirá reforzar la cooperación Sur-Sur. El ministro congoleño de Ambiente, Henri Djombo, dijo a los periodistas que el objetivo es pedir a todos los países involucrados que formen un bloque único.
Preocupaciones mundiales.
Previo a la cumbre, las políticas forestales de varios países ya habían quedado sobre el tapete. En Brasil, tras varias postergaciones, la polémica reforma del Código Forestal vigente desde 1965 fue aprobada en la Cámara de Diputados en la noche del martes 24. El mismo día, los ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo fueron muertos a tiros por atacantes cuyas identidades aún se desconocen. Ambos habían sido amenazados de muerte por su activismo contra la tala ilegal en el norteño estado amazónico brasileño de Pará.
El texto todavía tiene que ser confirmado por el Senado y sancionado por la presidenta Dilma Rousseff. De aprobarse, ampliará la cantidad de bosques amenazados por la deforestación.
La laxitud de las protecciones a los bosques en Brasil tiene lugar cuando datos satelitales revelaron que las pérdidas de bosques en marzo y abril fueron por lo menos cinco veces mayores que durante el mismo periodo del año pasado.
Casi 600 kilómetros cuadrados de bosques fueron destruidos en estos dos meses. Se atribuye el daño a hacendados y cultivadores de soja.
En Indonesia, una moratoria a la emisión de nuevos permisos para despejar bosques entró tardíamente en vigor el 19 de mayo, congelando la propuesta tala o conversión de unos 64 millones de hectáreas de bosques de turba y primarios, según un informe publicado en The Jakarta Globe.
Pero la medida, que incluyó exenciones para permisos ya acordados en principio, ampliación de permisos existentes y proyectos vinculados a la producción de azúcar, arroz o energía, fue criticada por varios activistas.
“Ésta es una amarga desilusión”, dijo al periódico Paul Winn, del capítulo Australia-Pacífico de Greenpeace.
“Esto hará poco por proteger los bosques y turbas de Indonesia. Setenta y cinco por ciento de los bosques supuestamente protegidos por esta moratoria ya están protegidos bajo las leyes indonesias existentes, y las numerosas exenciones erosionan aún más todo beneficio ambiental”, sostuvo.
Otras filiales de Greenpeace plantearon la preocupación de que la madera certificada como cosechada de modo sustentable por el Forest Stewardship Council en la República del Congo y otros países no cumplan con los estándares requeridos.
Un comunicado de prensa del 27 de mayo citó específicamente a dos empresas que operaban en la República del Congo –Société de Développement Forestier y Congolaise Industrielle des Bois–, por dañar áreas valiosas y por violar derechos humanos en las provincias de Bandundu (occidente) y Equateur (noroccidente).
Priorizar a la gente.
Consultada por teléfono, la ministra de Comunicaciones del gobierno provincial de Equateur, Rebecca Ebale-Nguma, dijo haber solicitado a las autoridades de la República Democrática del Congo que aprovecharan la cumbre de Brazaville para tomar nota de los problemas de la población en esta región forestada.
“En Lisala, en Mbandaka y en Basankusu (en el norte de la República Democrática del Congo) por ejemplo, la población, que vive en la pobreza extrema, ve que una tremenda riqueza se va de la provincia bajo la forma de madera”, señaló Ebale-Nguma. “En Equateur hay ciudades enteras sin clínicas o escuelas”, agregó.
Djombo, el ministro de Ambiente de la República del Congo, dijo que los 10 países de la cuenca del Congo han trazado un plan de convergencia sobre el manejo de sus ecosistemas forestales.
“Puede haber algunas diferencias, pero éstas no comprometerán el plan general”, señaló.
Sin embargo, numerosas organizaciones de la sociedad civil en la cuenca del Congo y más allá creen que la cumbre no tendrá en cuenta los problemas que enfrentan las comunidades forestales y los pueblos indígenas.
“La participación y consulta de las personas afectadas no parece tomarse en serio”, dijo Indra van Gisbergen, de la Forest European Resources Network (red de recursos forestales europeos).
“Debe haber un acceso real a la información y campañas de conciencia para estas personas”, añadió.
Para Van Gisbergen, la cumbre de Brazzaville tendrá más que ver con la comercialización del carbono que con el bienestar de la población.
“Al leer el proyecto de declaración y el acuerdo de cooperación queda claro que el énfasis está en promover el mercado de carbono y en financiar la reducción de emisiones a través del mercado”, dijo.
En un documento publicado previo a la cumbre, la Congo Basin Network (red de la cuenca del Congo), con sede en Camerún, expresó su indignación en torno a la dirección que plantea el borrador de la declaración.
“Dado que el resultado de esta cumbre será muy influyente, nuestras organizaciones llaman a los jefes de Estado a no dar prioridad al comercio de carbono en relación al proceso de la iniciativa REDD (Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques)”, dijo a IPS Roch Euloge N’zobo, uno de los portavoces de la red.
Maixent Fortuné Hanimbat, otro integrante de esa entidad, señaló que los borradores de documentos no definen con claridad un rol para la sociedad civil en el cumplimiento de las recomendaciones de la cumbre.
Representantes de comunidades pigmeas autóctonas también se quejan. “Nuestra asociación indígena ni siquiera sabe cómo registrarse. Una vez más estaremos presentes, pero no para aportar nuestro punto de vista”, dijo Jean Nganga, presidente de la Asociación para la Defensa y la Promoción de los Pueblos Indígenas, con sede en Brazzaville.
“Tal vez seremos la ausencia más significativa de este acontecimiento”, opinó.
* Con aportes de Terna Gyuse (Ciudad del Cabo).
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98305
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Alertan en ONU de graves riesgos para pueblos indígenas- Preocupante que gobiernos se nieguen a reconocer derechos- Oposición a Declaración y consulta punto más sensibles.
http://ayi-noticias.blogspot.com

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Una respuesta a ONU-redd-monsanto-mapuche-noticias

  1. juan mario mila millalen dijo:

    La actitud del estado chileno, el comportamiento de los señores parlamentario de la region de la araucania, que votan a favor de las grandes empresa, principalmente con relacion de la patentacion de la semillas por parte de la transnacional monsanto es, porque estos señores son complice y son parte de todo estos negocio.
    lo mismo pasa con todos los atropello de los derechos de los pueblos indigenas en chile principalmente relacionado con los cuatro hermanos mapuche que estan en huelga de hambre.

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