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Abya Yala- Pueblos indígenas y trabajadores se unen en campaña internacional por aplicación de la Convención 169 de la OIT. (21ag12-Natasha Pitts-adital-ayi) Pueblos indígenas y sindicatos de América Latina están uniéndose para la realización de una campaña internacional con el objetivo de lograr el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El instrumento internacional vinculante fue aprobado hace más de 20 años (1989); sin embargo, los pueblos indígenas y tribales todavía luchan por su aplicación efectiva.

La decisión de trabajar conjuntamente fue tomada durante la Reunión Regional sobre Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, realizada en Lima, Perú, los días 15 y 16, y organizada por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas con la intención de “fortalecer la articulación mediante la comunicación, coordinación y demandas conjuntas entre el movimiento sindical y el movimiento indígena”.

Además de la realización de eventos y acciones políticas conjuntas en varios países, como lo que está previsto para el 10 de diciembre, pueblos indígenas y trabajadores van a preparar un informe sobre la implementación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que se presentará a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas convocada por las Naciones Unidas para 2014.

También se elaborarán otros informes conjuntos que se presentarán en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, al Relator Especial, al Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y al Comité sobre Diversidad Biológica, además de otras instancias de las Naciones Unidas.

Rafael Quispe Flores, nuevo coordinador de Fortalecimiento e Integración Política de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) explicó la relación entre pueblos indígenas y trabajadores.

“Los trabajadores del sindicato provienen también de familias indígenas. Los indígenas perdieron sus territorios, fueron usurpados, son trabajadores. Por ejemplo, en Paraguay trabajan en bananeras, en Centroamérica trabajan en el campo, pero sus derechos no se respetan. El derecho a la seguridad social, el derecho a la educación… Eso es lo que nos une”, aclara.

Rafael Quispe, que estuvo en la Reunión Regional como representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), explicó también la relevancia del Convenio 169 de la OIT, aclarando que este instrumento no se limita al derecho a la consulta, sino que abarca otros derechos, como los territoriales, a la salud y a la educación.

Con esta campaña conjunta por la aplicación efectiva del Convenio, los pueblos indígenas quieren asegurar que todos los avances en el reconocimiento de los derechos indígenas colectivos sean cumplidos, como ya deberían estar siéndolo, ya que la Convención es un tratado ya ratificado por muchos Estados y que tiene carácter vinculante.

La Convención internacional afirma que las tierras indígenas deben ser concebidas como la totalidad del medio ambiente de las áreas ocupadas o usadas por los pueblos indígenas, abarcando así aspectos de naturaleza colectiva y de derechos sociales, económicos, culturales y civiles. Los artículos 15 y 14 tratan sobre el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas en el uso, gestión (inclusive control de acceso) y conservación de sus territorios. También prevé el derecho a la indemnización por daños y protección contra desocupaciones y remociones de sus tierras tradicionales.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”. (15ag12-dario aranda-ayi)

-Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.

-No me pueden correr con eso. El juego a la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el Gobierno?

El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha.

Se autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”. Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.

-Félix Díaz sufrió la última semana un “accidente” en Formosa. Lo rozó una camioneta cuando iba en moto y terminó en el hospital. Díaz aseguró que no fue un accidente.

-Hablé con Félix. Es terrible lo de Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los gobiernos hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos originarios y esto tiene relación directa con las políticas del gobierno nacional.

-¿Qué políticas del gobierno nacional?

-La política de no reconocimiento de los pueblos originarios. Un ejemplo claro es el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos, ya sea de las provincias o Nacional, pero no para el desarrollo de los pueblos originarios.

-Usted vivió de cerca la conformación de la mesa de diálogo por la comunidad La Primavera, a fines de 2010.

-Fue lamentable la política del Gobierno para con el Pueblo Qom de Formosa. No reconoció a Félix Díaz como líder qom a pesar de que la comunidad lo eligió por amplia mayoría. Permitió el avance de Parques Nacionales sobre la comunidad y encima terminó suspendiendo la mesa de diálogo.

-¿Por qué un gobierno que ha demostrado sensibilidad con los derechos humanos y que ha tomado esa bandera toma la decisión de no respetar los derechos de los pueblos indígenas?

-El gobierno nacional no tiene sensibilidad, tienen interés político en los derechos humanos que abarcan el periodo 1976-1983. Ni siquiera aborda lo actuado por la Tripe A. El Gobierno no quieren entender de derechos humanos de antes del 76 ni posterior al 83. La política de derechos humanos está restringida a la última dictadura militar.

-¿Cómo debieran entenderse los derechos humanos?

-Nosotros entendemos los derechos humanos desde su integralidad, lo que claramente debe incluir los derechos de los pueblos originarios, los derechos de quienes luchan contra la minería. Por eso no entiendo un proyecto que se dice “nacional y popular” y no aborde esas situaciones. En cuanto a derechos humanos, hay más discursos que políticas.

-En el marco del juicio por fumigaciones del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) usted dijo que el modelo agropecuario viola derechos humanos fundamentales. Algo similar dijo Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)…

-Es que no se puede entender de otra manera. Es no respetar a poblaciones enteras, no respetar culturas, devastar el ambiente, cambiar la forma de vida de las comunidades y provocar enfermedades son claras violaciones a los derechos humanos. No comprendo que se pueda entender de otra manera. Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo.

-¿Por qué otros organismos de derechos humanos no denuncian el extractivismo?

-Hay dos cuestiones. Muchos organismos provienen del drama de la última dictadura. Justicia por esos hechos es su objetivo último, y está bien, no lo digo como crítica. Y también hay otros organismos de derechos humanos que no denuncian la violencia actual porque son aliados del Gobierno y reciben fondos del Gobierno. Son opciones. Nosotros estamos convencidos de que las políticas de derechos humanos son integrales. Sin hay niños muriendo de hambre, no hay respeto a los derechos humanos. Y en Argentina mueren chicos de hambre. Hace dos semanas estuve con médicos de Córdoba que relataban con tristeza la cantidad de chicos desnutridos que hay.

-Más allá de los gobiernos, la misma opinión pública o la misma sociedad pareciera que hay una negación respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo, cuando asesinaron a Mariano Ferreyra hubo 50 mil personas en Plaza de Mayo. Cuando mataron al qom Roberto López no había más de 600 personas frente a la Casa de Formosa.

-En Argentina hay una negación histórica y cultural hacia los pueblos originarios, no se los reconoce, hay una enorme discriminación hacia los pueblos originarios. La Argentina no mira sus raíces, sigue el discurso de que “somos un país de inmigrantes”, cuando en realidad esa es sólo una parte de la historia. Es tanta la discriminación que hasta las universidades públicas nacionales, de Formosa y La Plata, le sacan tierras a comunidades originarias.

-El respeto a los derechos de indígenas y campesinos es uno de los puntos más débiles del Gobierno. ¿Qué expectativa tiene para los próximos años?

-Son asignaturas pendientes. Y lamento decir que no tengo expectativa de que este Gobierno cumpla con las comunidades originarias y con los campesinas.

-¿Por qué?

-Porque no hay políticas que vayan más allá del periodo 76-83.

-¿Y con el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda)? Es hijo de desaparecidos, proviene de la militancia y conoce de cerca las consecuencias del modelo de agronegocios en Córdoba.

-Lo conozco, me vino a ver. Hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. No tengo expectativa que haga cumplir los derechos humanos en su integralidad. No lo veo. Si en el futuro lo veo en hechos concretos, lo diré de inmediato. Pero este Gobierno ni siquiera tiene diálogo con los pueblos originarios. El INAI juega contra las comunidades, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) ni juega. El gobierno nacional y los provinciales, como el de Formosa, juegan al desgaste duro.

-¿Desgaste duro?

-Reuniones que no resuelven nada, sin avances. Un día, junto a Félix (Díaz) estuvimos desde las 17 hasta las 2 de la mañana en la mesa de diálogo con el Gobierno. Y (Florencio) Randazzo (ministro del Interior) nos decía “somos un país federal, no podemos meternos en la provincia”. ¡Por favor! ¡Somos grandes como para que nos digan eso! El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales. La verdad es que no hay avances porque en el Gobierno no hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios. Es duro, pero no me lo contaron, lo viví.

-¿El “desgaste duro” incluye represión?

-El avance de la soja y de la minería incluye amenazas, persecuciones y claro que incluye represión. Sólo hay que mirar Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y es claro que los gobiernos provinciales que reprimen son aliados del gobierno nacional. Exigimos que se deje de perseguir y de reprimir a quienes luchan, pero no somos optimistas en ese sentido. Ver a La Cámpora haciendo campaña contra Félix (Díaz), y apoyando al que apadrina Gildo Insfrán, no es como para esperar un cambio positivo.

-La Cámpora, con el actual diputado Andrés Larroque al frente, fue quien desalojó a los Qom de Avenida de Mayo y 9 de Julio en mayo de 2011.

-Recuerdo ese desalojo. La Cámpora como fuerza de choque contra los pueblos originarios.

-Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.

-No me pueden correr con eso. El juego a la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el Gobierno?
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Tawantinsuyu, Bolivia- Indígenas anuncian concentración en Trinidad para masificar resistencia a la consulta. (21ag12-lostiempos-ayi) COCHABAMBA- El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo hoy que se encuentran preparando nuevas estrategias con el fin de masificar la resistencia dentro del el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), misma que será conformada por gente que vendrá desde diferentes comunidades hasta la ciudad de Trinidad donde será el punto de concentración.

“En este momento nos encontramos recibiendo la lista de todos los hermanos que vendrán de todos los territorios del Tipnis y que se van a concentrar en Trinidad. No tenemos aún el número exacto de la cantidad de gente que se sumará ya que eso variará de acuerdo a cada comunidad”, dijo a Radio Panamericana, al asegurar que son alrededor de 24 comunidades, las que se encuentran en la movilización y que no van a ser parte de la consulta.

Por su parte el Gobierno informó que hasta la fecha fueron consultadas 63 de los 69 pueblos del Tipnis, de las cuales 32 rechazaron la Ley 108 de intangibilidad, que prohíbe obras en esa reserva nacional, y 31 aprobaron la construcción del tendido de una ruta que tiene como fin unir las regiones de Villa Tunari con San Ignacio de Moxos.

Sin embargo, Chávez recalcó que “el Gobierno, en complicidad con algunos hermanos indígenas, está haciendo pasar como comunidades a ciertos territorios que no lo son. Tenemos el reporte de ello. Hay alteraciones de comunidades de las cuales vamos a levantar una lista para determinar cuáles sí son y así el país tenga conocimiento de ellas”.

Asimismo insistió: “Es una consulta fuera de tiempo y de lugar nosotros no podemos se cómplices de esa actitud de violación de la Constitución, pero más allá de ello nosotros vamos a estar con las comunidades del Tipnis”.

Conflictos

Ante la insistencia del Gobierno de ampliar el proceso de consulta, Chávez remarcó, “Si (Gobierno) se empecina en llevar adelante a la fuerza la consulta o trata de convencer con regalos a los comunarios en aquellas zonas que han anticipado su rechazo y llevan adelante una resistencia, van a ver enfrentamientos ya que los indígenas tienen bien en claro lo que pasó en Chaparina o lo que pasó en Laz Paz cuando puso un cerco policial para impedir que ingresemos.

Suspensión de actividades

Entretanto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes, informó ayer que se suspendió la observación y que están a la espera de un nuevo cronograma del proceso de consulta.

La determinación fue tomada luego de que tres brigadistas fueran retenidos por los comunarios desde las 9:30 hasta la 17:00 del domingo, donde se les decomisó además algunos implementos.

Ante este panorama, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Vilma Velasco, pidió al Gobierno garantías y mayor seguridad para los brigadistas que se desempeñan como veedores en el proceso de consulta.

Por el lado de Cochabamba, el proceso de consulta sigue paralizado desde hace una semana porque las brigadas no pueden navegar hasta las comunidades que aún faltan ser encuestadas debido al bajo nivel de los ríos.

Entre las comunidades que faltan están, Santísima Trinidad, San Ramoncito, Concepción de Imose, Montecristo, San Antonio de Imose, Santiago de Ichoa, Limoncito, Villa Fátima, Nueva Esperanza y Santa Teresa.
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Tawantinsuyu, Bolivia- Gobierno decide mañana si amplía plazo de consulta. (22ag12-July Rojas M.- Los Tiempos-ayi) Los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente y Aguas, junto con el Tribunal Supremo Electoral, mañana reprogramarán el cronograma del proceso de consulta a las comunidades que habitan en el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), el que tendría que concluir el próximo 7 de septiembre, pero hasta la fecha tiene un avance inferior al 50 por ciento.

Según el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, la consulta continúa, pero de acuerdo a la reprogramación que se haga se verá si es necesario tomar alguna otra medida.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sugirió al Gobierno hacer una pausa en la consulta para ajustarla a lo que dicen la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales referidos a los derechos de los pueblos indígenas.

“A estas alturas, sería muy importante que el Ejecutivo, evaluando lo que está pasando y viendo las cosas más objetivamente, pueda determinar la necesidad de que se pueda entrar en un proceso de cuarto intermedio o una pausa para que se haga todo un trabajo de recomposición de las relaciones y sujetarse al mandato del Tribunal Constitucional”, afirmó en alusión a la resistencia de los indígenas y los problemas que están confrontando las brigadas.

Villena argumentó que en el Tipnis se está viviendo un enfrentamiento entre el Gobierno y los indígenas que rechazan la consulta y exigen el respeto de su territorio, por lo que han bloqueado los ríos, y por el lado del Gobierno hay amenazas de procesos y detención de dirigentes. “El propio Tribunal Electoral denunció que no hay información previa sobre el proceso, lo que refleja un cuadro complejo”, dijo.

Sánchez admitió que se hace necesaria esa reprogramación debido a que el proceso sufrió una demora por dos razones:

La primera, porque las brigadas no han podido llegar hasta las comunidades, debido a que los ríos no están navegables por el bajo nivel de sus aguas, y se desplazan caminando, lo que implica más tiempo.

La segunda, por la interferencia de “personas externas” a las comunidades que están bloqueando en la comunidad de Gundonovia, por donde se había planificado ingresar al resto de las comunidades que aún no fueron consultadas y que están ubicadas en Bajo Sécure, Bajo Ichoa y Bajo Isiboro.

Sánchez indicó que hasta ayer se tenía registradas a 32 comunidades que fueron consultadas. Todas rechazaron la intangibilidad y sólo una, San Miguelito, se opuso a la construcción de la carretera por el medio del Tipnis.

“Ya estamos llegando al 50 por ciento de la consulta, yo decía que la consulta es un hecho democrático donde solamente pueden participar las comunidades, los dirigentes de esa comunidad y las brigadas que van en representación del Estado para llegar a un acuerdo entre las comunidades y el Estado”, aseveró.

El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, puso en duda ese reporte de comunidades consultadas y la decisión de las mismas, por lo que anunció el recorrido de una comisión por todas ellas para verificar si fueron consultadas y si coincide con el informe del Gobierno la decisión que tomaron.

Según el calendario aprobado en el Protocolo, el proceso de consulta que inició el 29 de julio debe concluir el 3 de septiembre próximo y 10 días después el Ejecutivo debe presentar los resultados. En el caso de que la consulta no pueda enmarcarse a estas fechas, el Gobierno debe solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la ampliación del calendario.

Pedido de garantías

Después de que la pasada semana se conociera que los brigadistas del Tribunal Electoral fueron amedrentados y no les permitieron el ingreso a la comunidad de San Pablo, el Órgano Electoral pidió al Ejecutivo garantías para continuar con el proceso de observación y acompañamiento.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, indicó que “la mejor garantía” es la comunidad y el corregidor, porque desde un primer momento las brigadas ingresaron a las comunidades con la autorización de los indígenas. Además, dijo que algunas comunidades están enviando notas al Gobierno para que se realice la consulta.

Sánchez dijo que unas 10 a 20 personas son las que están interfiriendo en el proceso de consulta, además que tienen “mucho financiamiento” porque se desplazan en lanchas y tienen celulares satelitales, lo que les permitiría tener una comunicación más óptima que los propios brigadistas.

“Lo que han hecho es intervenir directamente en las acciones de la consulta y no permiten la consulta misma. Esta intervención antidemocrática la están realizando por la fuerza, están intimidando a los corregidores, están intimidando a la comunidad”, indicó.

Sánchez dijo que no había una resistencia en el Tipnis, sino una intervención de “personas externas”, pero sólo en tres comunidades, dos de ellas serían Gundonovia y San Pablo.
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Wallmapu, $hile- Pescadores, Pymes, Estudiantes, Indígenas y ONGs conforman Alianza Ciudadana contra la Privatización de los peces. (21ag12-RJOse Luis Vargas, Elìas Paillàn-radio del Mar / Revista Marejada-ayi) La Ley Longueira que se discu
te en el Senado está generando la oposición generalizada de diferentes sectores de la ciudadanía chilena y los pueblos originarios. Esta iniciativa que entrega de manera gratuita y a perpetuidad el patrimonio pesquero a familias industriales está cerrando la libre competencia de las empresas, despoja al pueblo Mapuche de sus derechos actuales e históricos, debilita la renta nacional que podria financiar la educación pública y está generando masivas protestas sociales.

Organizaciones y comunidades rechazan esta imposición de la privatización del patrimonio nacional de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos.

Pescadores artesanales, pequeñas y medianas empresas pesqueras, estudiantes, sindicatos, organizaciones de medioambiente, de consumidores, y pueblos originarios conformaron este lunes 20 de agosto la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y contra la Ley Longueira, la cual intenta privatizar las pesquerías chilenas y entregarlas en propiedad a siete familias de industriales pesqueros.

Esta Alianza ciudadana rechaza que el proyecto de Ley de Pesca, que se tramita en el Senado, entregue cuotas individuales de pesca, de carácter gratuito, indefinido y plenamente transables a un puñado de grandes industriales, los que a su vez podrán venderlas en el mercado a inversionistas extranjeros, amenazando la soberanía marítima y alimentaria del país.

En el lanzamiento de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar, realizada este lunes en el Archivo Nacional en Santiago, se planteó como principal exigencia el reconocimiento de la propiedad del Estado sobre los recursos hidrobiológicos. “El Estado debe reconocer su dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción”, señala la declaración pública .

El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que “no podemos seguir luchando aisladamente. Nuestra sociedad necesita de la más amplia alianza de los sectores sociales para avanzar en los cambios que implican profundas reformas. El intento gubernamental, altamente ideologizado, liderado por el Ministro de Economía, Pablo Longueira, de entregar de manera gratuita y a perpetuidad de la propiedad de los peces, a siete de las familias mas ricas del país, las cuales controlan a través de 4 de los conglomerados industriales el 92% de las cuotas de pesca, significará la apropiación monopólica de la renta de 743 millones de dólares que generan anualmente las pesquerías chilenas”.

PESCADORES: LONGUEIRA LE ESTA QUITANDO EL PAN A NUESTROS HIJOS
“Este nuevo subsidio al gran empresariado y al segmento mas rico del país, constituye una burla a las demandas de aumento del salario mínimo, las exigencia de educación gratuita y de calidad, de salud pública decente, el derecho a la vivienda digna o mejoramiento de las jubilaciones”, señaló el director de Ecoceanos.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal, Nelson Estrada, afirmó que “el ministro Longueira intenta avalar su proyecto de Ley destacando un gran acuerdo pesquero entre la industria y las confederaciones CONAPACH y CONFEPACH, que se llevo a cabo entre cuatro paredes y de espalda de las bases. Con dicho acuerdo la industria se adjudicó el 95% de las cuotas de pesca, y la pesca artesanal solo el 5%”.

Estrada agregó que “el ministro Longueira le está quitando el pan, la educación, la vivienda y la salud a todos los chilenos y a todos los hijos de la pesca artesanal y a los pueblos indígenas”.

El dirigente además valoró “la unió con otros sectores sociales en la lucha por defender el patrimonio pesquero, que pertenece a todos los chilenos”, e invitó a toda la población a sumarse a esta gran coordinación para detener el proyecto Longueira, que pone condena al exterminio a la pesca artesanal, y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

ESTUDIANTES SE ARTICULAN EN RECHAZO A LA LEY LONGUEIRA
En tanto, Federico Ramírez, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), dijo que “estamos aquí porque entendemos como FECH que es una prioridad poder generar una alianza a partir del trabajo concreto con distintos sectores sociales que hoy día se encuentran movilizados. Entendemos que es la unidad y el trabajo concreto a largo plazo las únicas herramientas que nos van a permitir realizar las transformaciones sociales en contra del modelo”.

“Como Federación ponemos a disposición de esta alianza el trabajo de la Secretaría de Medioambiente de la FECH, porque entendemos que los conocimientos generados en la Universidad tienen que estar al servicio de estas causas, las causas de nuestros hermanos de clase. La Ley Longueira profundiza el modelo de la misma forma en que las propuesta de reforma del ministro Harold Beyer profundiza el modelo en la educación.

Por su parte, Pablo Chamorro Ramírez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso y miembro de la Unión Nacional Estudiantil, aseguró que “formamos parte de esta alianza porque somos ciudadanos de este país y nos damos cuenta como se están saqueando los recursos naturales”.

“Soy de San Antonio y la gente vive y siente el saqueo, lo que permite que la mayoría de los chilenos tenga la voluntad de una lucha distinta, la voluntad de querer salir a las calles, la voluntad de querer transformar su realidad”.

El dirigente estudiantil agregó que “tenemos que apostar hacia el sentido común de la gente. La lucha por los recursos naturales es al mismo tiempo una lucha contra el modelo neoliberal. Esta lucha tiene un horizonte estratégico, que permite unirnos y atacar al modelo que nos afecta y es la matriz de todas las problemáticas”.

POTENCIAR LA ALIMENTACIÓN SANA Y DE CALIDAD
La Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar también está integrada por las Pequeñas y Medianas empresas pesqueras que serían expulsadas del sector pesquero si se aprueban las cuotas individuales transferibles de pesca.

Frente a esto, Alfredo Irarrázaval, gerente de PyMepes, y vocero de Chilepesca, afirmó que “la Ley Longueira favorece a un pequeño grupo de empresarios que se han hecho millonarios a costa de los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos. Somos parte de esta alianza por la defensa del mar, porque atomizándonos vamos a hacerle fácil el trabajo a este ministro empresarial, que pregona un discurso, pero que hace un lobby feroz en el Congreso para entregar a pequeños grupos las riquezas naturales de todos los chilenos”.

“Cabe preguntarse, ¿por qué no comemos pescados? Se le ha entregado en propiedad los recursos pequeros a grupos que hoy se dedican a hacer harina de pescado, alimentando chancos, gallinas, salmones para exportarlos después a las potencias mundiales, con lo que se ve dañado el empleo”, señaló el especialista.

Irarrázaval agregó además que “tenemos en el mar la proteína más barata del mundo, la sardina y la anchoa, con gran cantidad de ácido graso omega 3, pero el 99% de estos recursos en Chile se convierten en harina de pescado”.

“Demandamos un porcentaje de pesca para las pequeñas y medianas empresas a través de la licitación de cuotas. Un proceso que consideramos legítimo y justo, el cual generaría recaudación económica para país. Nuestro objetivo es apoyar a los pescadores que hoy tienen la menor cantidad de cuotas de pesca, potenciar el consumo humano a nivel nacional”.

El vocero de Chilepesca aseguró que “los impulsores del modelo económica neoliberal, abierto al mercado, competitivo, hoy día están blindando el mar y protegiendo a un pequeño grupo que ha estado sobreexplotando las recursos del mar”.

LEY LONGUEIRA DESPOJA AL PUEBLO MAPUCHE DEL MAR
Ana Nahuelpan, del Movimiento de Defensa del Mar de Mehuin, afirmo que “el pueblo mapuche está quedando despojado de su derecho de acceso al mar y uso de los recursos marinos. Rechazamos esta Ley porque no se nos ha consultado tal como lo obliga el convenio 169 de la OIT”.

“Llamamos a los senadores a respetar su obligación de realizar una consulta tal como lo obliga el derecho internacional. Si se aprueba esta Ley y entrega en propiedad los recursos del mar a siete familias industriales, todos los mapuche no podremos nunca más pescar, mariscar o recolectar algas, por eso también llamo a las comunidades, a todo el pueblo Mapuche a participar, informarse y movilizarse contra este nuevo atropello a nuestras comunidades”.

BALLENAS PODRIAN TENER DUEÑO
La Ley Longueira además tiene una serie de elementos que no se han revisado con precisión y por ejemplo podría abrir una puerta para que las ballenas, los lobos marinos, los pinguinos y las tortugas tengan dueño para siempre. Esto porque la Ley entrega cuotas privadas de recursos hidrobiologicos y en esta categoría la Ley incluye a los mamiferos, aves y reptiles marinos.

Frente a esto la presidenta del Centro de Conservación Cetácea, Barbara Galleti, afirmó que “existe preocupación por la entrega en propiedad a las familias de industriales de las cuotas de Recursos Hidrobiológicos, donde la Ley incluye a las Ballenas”.

“Además esta Ley está pasando a llevar otras leyes como la Ley de Protección de los Cetáceos y la Ley Lafkenche que están en directa contraposición con la Ley Longueira”, afirmó Galleti. Agregó que “también nos preocupa que para la entrega en propiedad de las cuotas se este usando el punto de vista de Máximo Rendimiento Sostenible, un sistema anacrónico y que no contempla el enfoque ecosistémico”.

José Luis Vargas
Periodista
Cel. +56 (9) 62436366
Twitter: @chilotevargas
Skype: chilotevargas

Elias Paillan Coñoepan
Periodista – Comunicador Social
del Wallmapu
Movil 83484152
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http://wixageanai.blogspot.com/
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Wallmapu, $hile- La “Ley Lafkenche” y el racismo. (22ag12-Héctor Nahuelpán*-theclinic-ayi) El jueves 16 de agosto, en su sección Economía y Negocios, el diario El Mercurio publicó una nota periodística titulada “Ley Lafkenche mantiene paralizados 475 proyectos de inversión”, la cual también se incluyó como titular de portada del mismo cuerpo.

La nota presenta y refuerza la imagen de que la citada ley y las comunidades Mapuche Lafkenche, que través de ella intentan ejercer sus derechos ancestrales, no sólo entorpecen proyectos de inversión y “desarrollo” sino el de otras comunidades del borde costero como son los pescadores artesanales.

Cuando se habla de “desarrollo”, lo que en verdad se está implicando y a la vez justificando es el sistema de descarga de desechos tóxicos al mar que proyecta construir Celulosa Arauco en la Bahía de Mehuín, Región de los Ríos. Una vez más así, se reafirma, con respecto a esta problemática, la línea de publicaciones previas en el mismo medio y en sus sucursales regionales, en otros medios de control e influencia empresarial, así como en declaraciones que autoridades de Gobierno han realizado sobre la materia, como Juan Andrés Varas, actual Intendente de la Región de Los Ríos.

En la nota de El Mercurio, no se hace ninguna mención a que la citada Ley Lafkenche (20.249), en vigencia desde febrero de 2008, fue creada “desde abajo” y, posteriormente, concebida de manera co-participativa entre comunidades y profesionales, en diálogo con autoridades políticas de los bloques de la Concertación y la Alianza, quienes formalmente respaldaron la iniciativa.

En este escrito, no hay ninguna palabra al hecho de que entre quienes votaron a favor la citada ley se encuentren autoridades del actual Gobierno, como Pablo Longueira, actual Ministro de Economía.
Tampoco, en esta nota, se da cuenta del hecho de que las demoras en las tramitaciones establecidas para que las Asociaciones de Comunidades opten a regularizar sus derechos al espacio marino, obedecen a la lentitud burocrática con que han operado organismos como SUBPESCA, o que la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), puede permitir marcar un precedente en la administración sustentable del borde costero, y para nada excluye a otros actores como los pescadores artesanales sino que más bien los integra.

Este artículo, no dice ninguna palabra sobre las trabas burocráticas que se han generado en todo el proceso de tramitación de solicitudes de ECMPO, a los “recortes” que Subsecretaría de Pesca ha realizado a los espacios solicitados por Asociaciones de Comunidades Indígenas, pasando así por alto el “espíritu de la ley”, como lo es el reconocimiento del uso consuetudinario, problema que los dirigentes Lafkenche han expuesto reiteradas veces.

Ninguna palabra encontramos en esta nota sobre las solicitudes que hace más de tres años vienen haciendo las comunidades para dialogar con las autoridades de turno, las cartas sin respuesta –al parecer la ley de transparencia no aplica para los mapuche- para agilizar la tramitación de solicitudes, menos aún de los compromisos no cumplidos por parte del gobierno anterior y actual en cuanto a concretar una reunión conjunta entre organismos de Estado competentes en la aplicación de la ley, y las comunidades mapuche lafkenche, para evitar así cualquier conflicto vinculado al borde costero.

El mensaje de esta nota periodística a fin de cuentas es uno solo, un mensaje por lo demás compartido por la prensa tradicional, empresarios, políticos de gobierno y por aquellos sectores serviles al gran capital hoy en día: los mapuche y todo cuerpo legal que reconozca sus derechos, por más básico y retórico que sea el reconocimiento, son un problema.
Se insiste en esta idea, a pesar de la diplomática actitud de diálogo que representantes Mapuche Lafkenche han mantenido a través del tiempo. Vale la pena destacar que esta es la única normativa legal en Chile que surge, luego de un extenso proceso de negociación, de un Proyecto de Ley redactado por las propias organizaciones en conjunto con representantes del Estado.

No deja de llamar la atención el que este tipo de discursos, como el aparecido el 16 de agosto reciente en el diario El Mercurio, reitera la imagen de “enemigo interno” y “raza inferior” adjudicada al pueblo Mapuche por su antecesor, El Mercurio de Valparaíso, hace más de un siglo medio, en cuyas páginas se legitimaba la violencia y el despojo que algunos historiadores chilenos han llamado “Pacificación de la Araucanía”.

Tampoco deja de llamar la atención la forma en que detrás de este tipo de discursos e imágenes que los poderes hegemónicos intentan instalar en la opinión pública, se encuentran intereses económicos de saqueo, pillaje y contaminación de nuestro territorio, que no sólo afectan a los mapuche sino a la población en general.
Todo indica que los mapuche seguimos siendo vistos, cual imaginario decimonónico de civilización versus barbarie, como “raza inferior”, “rémora del progreso y del desarrollo” y, más aún, que ciertos usos que agentes estatales y empresariales hacen de “la interculturalidad”, mientras endosan visiones económicas y políticas como las expuestas por El Mercurio, no es otra cosa que maquillaje y otra cara del racismo en tiempos del neoliberalismo criollo.

La idea de lo mapuche como obstáculo, como algo que constantemente acecha, ha constituido y constituye un componente estructural del racismo.
A la vez, funciona como contraste necesario para establecer jerarquías en cuya cúspide se ubican quienes precisamente se representan a sí mismos como “portadores” del progreso, el desarrollo y como defensores del Estado de derecho. De esta forma, el racismo, se anuda con el poder económico y el nacionalismo chileno, reproduciendo una relación colonial que se refuerza en el contexto neoliberal.

Racismo a secas arraigado en el imaginario, en el discurso, pero, más potente aún, en la forma y lógica en que se estructura y organiza la economía, la política, la legalidad y lo social en Chile. Medios de prensa, como El Mercurio, políticos de turno y sectores empresariales arremeten con el objetivo de “demonizar” la llamada Ley Lafkenche y, probablemente, para reducir su ámbito de aplicación.
No es casual que este tipo de notas periodísticas aparezcan en la actual coyuntura de debate en torno a la ley de pesca y demandas Mapuche Lafkenche en torno al desconocimiento de sus derechos en el proceso de tramitación.

Tampoco es casual que este tipo de discursos se reinstalen poco antes del 31 de agosto, fecha en que un Consejo de Ministros debe reunirse para tratar los recursos de reclamación que existen contra la Planta Valdivia de Celulosa Arauco, y su plan de descargar desechos tóxicos al mar en el borde costero de la provincia de Valdivia. Cabe mencionar que luego del rechazo a la construcción del ducto de CELCO en Mehuin a fines de los 90, éste inició sus descargas en el Río Cruces, generando un daño irreparable en el Santuario del mismo nombre en Valdivia.
Por ello, para aumentar su producción, la empresa necesita realizar sus descargas de desechos al mar lo cual tendría irreversibles impactos en la biodiversidad, el medioambiente y la población. No obstante, a esto último, El Mercurio y otros medios le llaman “desarrollo”: el mundo al revés.

Historiador, Doctor(c) en Antropología Social, CIESAS, México
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Wallmapu,$hile-Agresión Policial en Fvta Trawun de Comunidad Temucuicui. (20ag12-temucuicuilof-wmft) Carabineros de Chile irrumpió con carros lanza gases al Fvta Trawun (gran encuentro) convocado por la Comunidad Tradicional Temucuicui al interior del “Fundo La Romana” y “Montenegro”, disparando una gran cantidad de bombas lacrimógenas y realizando disparos de escopeta a las personas que se encontraban en los predios reclamados como parte del territorio ancestral de la comunidad Mapuche.

Durante la madrugada del día sábado, Carabineros ya había hecho ingreso al lugar desalojando violentamente a las personas que se encuentran en proceso de recuperación pacífica de las tierras usurpadas, donde integrantes de la comunidad indicaron que “el REWE del lugar fue gravemente profanado por los militares, sin reparar en la significancia religiosa que tiene para el mapuche”.

El Fvta Trawun contó con la participación de alrededor de 200 personas provenientes de diversas comunidades, quienes se encontraban dialogando y analizando el proceso de recuperación territorial, la ausencia de diálogo que ha habido por parte del gobierno de Sebastián Piñera y la sistemática represión en respuesta a las demandas territoriales.

Lafken Ñy Zugvn

http://www.youtube.com/watch?v=aFbcFeymMFo&feature=player_embedded
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Wallmapu, $hile- Video: Gran marcha mapuche realizada en la ciudad de angol ante inicio de juicio oral. (22ag12-adkimun-ayi) Juicio por “Caso Peaje Quino” fue acompañado con masiva marcha y rogativa Mapuche en Angol

Con una masiva participación se realizó la marcha y rogativa Mapuche, con personas provenientes de diversas comunidades que respondieron a la convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma Temucuicui, con el objetivo de acompañar el inicio del emblemático proceso judicial conocido como “Caso Peaje Quino”, en la cuidad de Angol.

Al respecto, el Werken Jorge Huenchullan, recordó que durante la etapa de investigación a los acusados se les aplicó la Ley Antiterrorista, con lo cual el organismo persecutor pudo hacer efectiva la prisión preventiva, la que “los mantuvo por más de 2 años en la cárcel” y que los llevó a realizar una extensa huelga de hambre en la que “casi perdieron la vida exigiendo su libertad”.

Daniel Melinao, Werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, se refirió a la reciente condena de más de 10 años de presidio que afectó a Daniel Levinao y Paulino Levipan, integrantes de su comunidad acusados de homicidio frustrado en contra del general de carabineros Iván Bezmalinovic , jefe de la novena zona policial de La Araucanía.

Melinao responsabilizó al estado chileno por acusarlos “sin tener ninguna prueba y sin haber cometido ningún delito” y agregó que contrariamente, el carabinero que asesinó a Jaime Mendoza Collio “goza de impunidad”.

Rodrigo Curipan, Werken de la comunidad Rankilko, refiriéndose al mismo tema, señaló que como comunidades Mapuche sienten “un profundo dolor por la impunidad que significa la muerte de Jaime Mendosa Collio y de otros tantos Mapuche que han muerto a nombre de esta legítima causa”. Agregó que no son las comunidades las responsables de la violencia en la zona, sino que “los únicos responsables, es el estado y el gobierno de turno” y sentenció se demostrará que los 8 Mapuche procesados “son inocentes” por los hechos de violencia de los que se les ha “intentado culpar permanentemente”.

El Werken Luis Tori en tanto, exigió el “abandono inmediato de la policía en las comunidades Mapuche”, asimismo, exigió “el abandono de las forestales y de los latifundistas que están sobrexplotando el territorio Mapuche”.
El Lonko Victor Queipul por su parte, hizo un llamado a los presentes a seguir apoyándose entre comunidades y a tener fortaleza para hacer frente a los procesos judiciales que se aplican en contra de los Mapuche.

Finalmente, mientras se realizaba el juicio al interior del edificio de tribunales, en las afueras, bajo una suave lluvia, la gente apostada en el lugar realizaba un Ngellipun (rogativa) con el objetivo de fortalecer a quienes se encontraban expuestos al proceso judicial.

_Akì vidèo: http://youtu.be/g0D6GV5mjxw
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Tawantinsuyu, Bolivia- Defensor pide al Gobierno hacer una pausa en la consulta en el TIPNIS. (21ag12-erbol-ayi) El defensor del Pueblo, Rolando Villena, instó este martes a que la consulta a las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción del tramo dos del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el medio de esa reserva ecológica se haga en sujeción a la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales referidos a los derechos de los pueblos indígenas, por lo que pidió al gobierno de Evo Morales evaluar la posibilidad de hacer una pausa en dicho proceso.

“A estas alturas, sería muy importante que el Ejecutivo, evaluando lo que está pasando y viendo las cosas más objetivamente, pueda determinar la necesidad de que se pueda entrar en un proceso de cuarto intermedio o una pausa para que se haga todo un trabajo de recomposición de las relaciones y sujetarse al mandato del Tribunal Constitucional”, afirmó en rueda de prensa.

La autoridad argumentó que en la zona se está viviendo enfrentamiento entre indígenas, cuestionamiento por el irrespeto a la territorialidad, hay bloqueos, amenazas de procesos y detención de dirigentes, incluso el propio Órgano Electoral denunció que “no hay información previa” en el proceso, que el mismo refleja un cuadro complejo.

“Estamos haciendo el análisis, siempre conscientes de nuestro mandato constitucional. Queremos contribuir a un nuevo escenario de pacificación y generar nuevas condiciones para que verdaderamente este proceso de consulta se haga en sujeción a la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa en derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel internacional”, sostuvo.

Denuncias de irregularidades

El 29 de julio, el gobierno inició la consulta a las comunidades del TIPNIS sobre la intangibilidad de la reserva natural y la construcción de una carretera, sin cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que exige concertar la forma de la consulta con los beneficiarios antes de su aplicación.

El 2 de agosto, los habitantes del TIPNIS acusaron al Gobierno de Morales engañar con la consulta porque es el principal interesado en la ejecución del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, partiendo el corazón del parque.

El 9 de agosto, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, denunció que la “consulta post” del gobierno pasó a ser una consulta violenta porque viola la Constitución Política del Estado (CPE), normas internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y ahora inicia una persecución contra dirigentes que se oponen al proceso que no fue concertado orgánicamente.

Recientemente, el corregidor de la comunidad de Nueva Galilea del Sécure, Benigno Noza Semo, denunció que personal del Órgano Electoral fue sorprendido in fraganti cuando realizaba la “post consulta” al corregidor de la comunidad San Pablo en su casa, siendo que este proceso se debe llevarse en instancias organizativas de las comunidades como el cabildo.

La Paz, 21 agosto 2012 – J.C./
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Tawantinsuyu, Bolivia- V Comisión de CIDOB pide al Gobierno frenar la consulta por falta de concertación. (17ag12-erbol-ayi) La V Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) resolvió pedir al gobierno del presidente Evo Morales paralizar la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) porque no cumple con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que el proceso debe ser concertado con los pobladores de la zona ecológica, informó radio Alternativa de Erbol.

Además se decidió dar un mes de plazo para que el gobierno instruya el retiro de los efectivos policiales que custodian esa entidad y para que el grupo que lidera Melva Hurtado desaloje esas instalaciones, caso contrario iniciarán medidas de presión para recuperar la sede. Esta posición no fue apoyada por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), hace conocer El Deber.

El encuentro de los representantes indígenas de tierras bajas, donde participaron aproximadamente 500 delegados de 10 de las 13 regionales, inició el miércoles y concluyó la víspera y resolvió respaldar al directorio de Adolfo Chávez y desconocer al directorio paralelo de Melva Hurtado, informó radio Parapetí de Erbol.

Resolución:

1) Desconocer al falso directorio paralelo de la CIDOB a la cabeza de Melva Hurtado, que obedece a la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS).

2) Se deja establecido que jamás se permitirá la intervención del gobierno de turno que violente los estatutos.

3) Ratificar al directorio electo en la Ganpi 2010 a la cabeza de Adolfo Chávez hasta 2015.

4) Dan un plazo de 30 días para que el Gobierno haga desocupar la CIDOB, caso contrario iniciarán otras medidas de presión.

5) Se pide que no siga la consulta en el TIPNIS por ser violatoria a los derechos de los pueblos indígenas, a la CPE y a los convenios internacionales.

6) Sugieren al directorio de la CIDOB elaborar una agenda nacional.

Santa Cruz, 17 agosto 2012 – A.A./
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Abya Yala- EL GENOCIDIO NO TERMINA. (jul12-efe-ayi) Indígenas sufren tres veces más hambre que el resto de los latinoamericanos.

Según la FAO 50 millones de personas padecen hambre en la región.
Las comunidades indígenas de América Latina
tienen una situación alimentaria tres veces más insegura que el resto de la población.

Y en total 50 millones de personas padecen hambre en la región.

Así lo reveló la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Su jefe, Raúl Benítez, admitió que “algo estamos haciendo mal”.

“Si analizamos la capacidad de producción, no debería haber hambre”, dijo en una entrevista concedida a la agencia de información Efe.
Benítez vincula lo grave que es el problema alimenticio al sistema financiero que está más orientado hacia los préstamos a grandes empresas, mientras que “el pequeño productor no puede pasar ni por la puerta del banco”.
“De persistir en este modelo, se puede agrandar la brecha”, advierte el funcionario de la FAO.
Una disminución en el precio de los alimentos que se registra desde mayo tampoco le inspira mucho optimismo.

“Esto es bueno para algunos, porque les permite mayor acceso a los alimentos, pero también afecta a la rentabilidad de los productores”.
Además, recalca, a veces el precio baja para el productor, pero no para el consumidor. La oficina de Benítez centra su actividad en Haití, que está en una “emergencia permanente”.
No obstante, hay problemas serios en algunos lugares de Centroamérica, en Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Y eso que la región, dice el representante de la FAO, está en condiciones para minimizar la inseguridad alimentaria dentro de dos o tres años.
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Anahuatl, Guatemala- Se protegerán sitios mayas. (22ag12-jessica gramajo-prensalibre-ayi) Integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas se reunieron con diputados de varias bancadas y jefes de bloques para impulsar la iniciativa de ley de lugares sagrados de esas poblaciones.
Carlos Mejía, presidente de la mencionada sala, informó que la normativa intenta proteger los sitios sagrados para los mayas, aunque estén en propiedad privada, pues el objetivo es que los pueblos indígenas puedan organizar sus ritos en los centros que históricamente han sido suyos.

Leonardo Coronado, de la Asociación de Sacerdotes Mayas, señaló que la idea de la ley es que los propietarios de los sitios sagrados permitan a los pueblos indígenas el goce de sus creencias, con respeto y armonía, pero donde se pueda llegar a acuerdos.

El director de la Cámara de la Industria, Javier Zepeda, indicó estar de acuerdo con la protección de los lugares sagrados, pero demandó que “se respete el principio constitucional de la propiedad privada. Es decir, si una persona no quiere o no le interesa dar permiso para hacer ceremonias en su propiedad, no puede ser obligado con una ley”.

Dato

1,500 sitios son considerados, hasta el momento, lugares sagrados.
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Wallmapu- Martes 28 de agosto: Documental LA MEMORIA DE LLUVIA. (kepepress-wmft)
Además del video de Paulo Campano, el antropólogo mapuche Carlos Contreras Painemal
expondrá sobre los procesos de negociaciones etnopolíticas que impuso la sociedad mapuche a los españoles y a las repúblicas de Chile y Argentina
(140 Tratados, parlamentos, Koyang)

Martes 28 de agosto
a las 18 horas
en la librería Le Monde Diplomatique
San Antonio 434 local 14 $antiago.
(Entrada liberada)

Acerca de Abya Yala Internacional- Eventos

Comunicación al servicio de los pueblos, naciones, comunidades, tribus, aldeas originarias, indígenas del continente Abya Yala-pachamapu-américa.
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2 respuestas a oit-tipnis-mapuche-tipnis-dia indìgena-eventos

  1. Hola, soy Paulo Campano el director de La memoria de la lluvia, les quiero agradecer haber programado el documental y que se conozca la situación que están viviendo las comunidades mapuche. Saludos y estamos en contacto.

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